Roma 15 de octubre. La fiscalía de Roma abrió este viernes una investigación contra el jefe de gobierno de Italia, Silvio Berlusconi, por presunta evasión fiscal vinculada a su imperio de telecomunicaciones Mediaset, lo cual ha sacudido la vida política italiana.

El magnate de las telecomunicaciones y su hijo Piersilvio, vicepresidente de Mediaset, han sido convocados para el 26 de octubre por el tribunal de Roma, aunque es posible que no acudan a la cita.

La investigación forma parte del proceso abierto en Milán sobre las ilegalidades cometidas por la empresa fundada por Berlusconi en 1970 (poseedora de los tres canales principales de la televisión privada italiana) en la compraventa de derechos cinematográficos para sus cadenas Italia Uno, Rete Quattro y Canale Cinque. Los fiscales sospechan que el precio de los derechos cinematográficos fue aumentado artificialmente vía intermediarios, para crear fondos negros en el exterior y evitar al fisco italiano e indagan sobre las declaraciones de impuestos en 2003 y 2004.

Además de los Berlusconi otros directivos del grupo son investigados en Milán entre ellos Fidele Confalioneri, ex mano derecha de Berlusconi en los negocios, y el abogado inglés David Mills, involucrado en la creación de cuentas bancarias en paraísos fiscales, a nombre de Finnivest (consorcio de Berlusconi al que pertenece Mediaset) a finales de los años 90.

Confalioneri al referirse al caso dijo queregularmente somos objeto de investigaciones judiciales.

Sin embargo, la investigación judicial contra el premier, cayó como ducha de agua fría en un momento políticamente delicado por las tensiones dentro de la coalición gubernamental de derecha liderada por el mandatario italiano.

Por su parte, el juez anticorrupción, Antonio di Pietro dijo que en todo el mundo se va ante el juez a aclarar el asunto, claro está si uno está limpio, pero si no es ése el caso, no se puede ser jefe de Gobierno y pedir someterse a juicio al dejar el cargo.

Todos los procesos que tienen a Berlusconi como imputado están suspendidos temporalmente a la espera de que el Tribunal Constitucional decida, en diciembre, sobre la ley del Legítimo Impedimento, que permite al jefe del Gobierno no acudir a sus juicios mientras esté gobernando.