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Góngora pidió que en la terna no se incluyan miembros del Consejo de la Judicatura

El próximo integrante de la SCJN debe ser magistrado de circuito en funciones
 
Periódico La Jornada
Lunes 11 de octubre de 2010, p. 20

El próximo integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe ser un magistrado de circuito en funciones, sostuvo Genaro Góngora Pimentel, ministro en retiro del máximo tribunal del país.

En entrevista con este diario, Góngora Pimentel señaló que no se debe perder la perspectiva de que la Corte es un tribunal constitucional y, como tal, debe estar integrado en su mayoría por representantes del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Recordó que después de la reforma constitucional de 1994, que significó la conformación de un nuevo pleno, la mayoría de los ministros eran magistrados de circuito en funciones, complementados con juristas del servicio público federal o del ámbito privado.

Ministros de la Corte entrevistados agregaron que la Constitución establece en su artículo 95 que los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. No es casual, indicaron, que la Carta Magna señale que preferentemente sean tomados en cuenta en primera instancia los juzgadores.

En 1995, cuando se formó la nueva Corte, Genaro Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza, así como Mariano Azuela Güitrón y Juan Díaz Romero (sobrevivientes de la disolución del pleno anterior y elegidos por el Senado; el primero había recorrido la escala judicial en la Corte y el segundo había sido juez y magistrado) provenían del PJF. Además estaban Juventino V. Castro y Castro, Vicente Aguinaco Alemán, Olga Sánchez Cordero y Sergio Aguirre Anguiano.

Ministros consultados comentaron que entre los magistrados en activo destacan: Adriana Campuzano Gallegos (materia administrativa), Jorge Pardo Rebolledo (materia penal), así como el magistrado unitario Pablo Monroy Gómez. Lilia Mónica López Benítez, magistrada penal, tiene apenas unos meses ocupando el cargo de secretaria ejecutiva de la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal. Aseguraron que cualquiera de los juzgadores mencionados tiene los conocimientos profesionales, jurídicos y humanos para formar parte del máximo tribunal.

Únicamente cuatro de los seis ministros fueron magistrados de circuito: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Juan N. Silva Meza, Margarita Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales, quien, dijeron, no había sido magistrado desde 1995, cuando fue secretario de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, y de ahí pasó al Consejo de la Judicatura Federal, razón por la cual no se le considera un juzgador en funciones. Un caso similar –explicó Góngora– sería el de Luna Ramos, quien de la magistratura pasó al Consejo y de ahí a la Suprema Corte.

Los seis ministros que no provienen del Poder Judicial de la Federación son: José Ramón Cossío Díaz (académico), Sergio Aguirre Anguiano (ex notario y abogado corporativo), Fernando Franco (ex subsecretario de las secretarías del Trabajo y de Gobernación en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón), Sergio Valls (ex diputado federal priísta y ex consejero de la Judicatura Federal), Olga Sánchez Cordero (ex notaria) y Artuto Zaldívar (ex litigante privado).

Góngora se pronunció por que el Presidente de la República no proponga a un integrante del Consejo de la Judicaturaen en la terna que enviará al Senado de la República para elegir al sustituto de José de Jesús Gudiño Pelayo.

El ministro en retiro, consideró importante que el pleno de la SCJN comience su recomposición a efecto de que la mayoría de sus integrantes provengan del Poder Judicial de la Federación.

Por último, hizo un llamado al presidente Calderón y al Senado para que el proceso sea transparente y prevalezcan criterios jurídicos por encima de los intereses de grupo de los partidos políticos.