Senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) comentaron que el gobierno federal hizo el ridículo en el llamado michoacanazo y se pronunciaron por acotar las figuras de arraigo y testigo protegido para evitar abusos y excesos contra opositores políticos. Esperaría que luego de la experiencia en Michoacán, el gobierno federal no repita acciones semejantes de abuso en ningún lugar del país, advirtió el priísta Manlio Fabio Beltrones.

A su vez, el coordinador del PRD, Carlos Navarrete, dijo que revisarán las figuras de arraigo y testigos protegidos, porque tenemos la convicción de que estas figuras aprobadas en el Congreso han sido utilizadas de manera artera por el gobierno federal.

Sostuvo que no se aprobó la figura de testigos protegidos “para contratar un stock de testigos a modo, que lo único que hacen es inventar una sarta de mentiras para cobrar lo que se les promete y que luego no sea posible sostener con pruebas contundentes ante los jueces”.

Asimismo, agregó, el arraigo no fue aprobado en el Congreso para que la policía arraigara y luego investigara, no se aprobó para que se detuviera a personas para intentar encontrarles algo: se hizo para evitar la fuga de peligrosos delincuentes, se hizo para integrar averiguaciones previas sólidas, no para lo que está ocurriendo.

Navarrete recalcó que en Michoacán se armó una ofensiva desde la PGR y desde la Secretaría de Seguridad Pública federal para acusar en falso y sin pruebas contundentes a un importante número, más de tres decenas de funcionarios públicos. acusándoles de vinculación con el crimen organizado.

El senador del PAN, Santiago Creel, consideró que los errores tienen que asumirse y rectificarse. Sin embargo se manifestó en contra de modificar las disposiciones en materia de arraigo, ya que, dijo, han servido para armar investigaciones en contra de criminales.

A su vez, la dirigencia nacional del PRD acusó al gobierno de Felipe Calderón de violar los derechos humanos de servidores públicos perredistas, al inventarles delitos para influir electoralmente y tratar de justificar su ineficacia. En un comunicado, le exigió al Ejecutivo federal disculpas por la detención de alcaldes y asesores del gobierno de Michoacán, a quienes se les imputaron presuntos vínculos con el narcotráfico.