San Salvador, 2 de septiembre. El Congreso de El Salvador aprobó una ley que declara ilegal la existencia de pandillas y que impone hasta 10 años de cárcel a cualquier persona que integre esas agrupaciones, informó este jueves una fuente parlamentaria.

La nueva ley, que busca controlar la actividad de estas organizaciones criminales, fue aprobada con los votos de 78 de los 84 diputados, informó la oficina de prensa del Congreso unicameral.

Son ilegales y quedan proscritas las llamadas pandillas o maras tales como la autodenominada Mara Salvatrucha, MS-trece, Pandilla Dieciocho, Mara Máquina, Mara Mao Mao y las agrupaciones, asociaciones y organizaciones criminales tales como la Autodenominada Sombra Negra, consigna el decreto que contiene la ley.

En la nueva legislación se prohíbe la existencia, legalización, financiamiento y apoyo de las mismas (organizaciones ilícitas).

La presente proscripción aplica a las diferentes pandillas o maras y agrupaciones, asociaciones u organizaciones criminales, sin importar la denominación que adopten o aunque no asumieren ninguna identidad, señala la ley.

Además, el que tomare parte en una agrupación, asociación u organización ilícita, será sancionado con prisión de cuatro a seis años. Los organizadores, jefes, dirigentes o cabecillas, serán sancionados con prisión de siete a diez años, consigna la ley.

La normativa establece también que cualquier acto jurídico que como parte de la actividad delictiva o de su estructura realicen las agrupaciones ilegales, por medio de sus integrantes u otras personas en su nombre, serán ilícitas y por lo tanto acarrearán responsabilidades penales, civiles y administrativas.

Las personas vinculadas a pandillas quedarán inhabilitadas por el doble de tiempo de su condena para pertenecer a partidos políticos, optar a cargos de elección popular y en otras actividades productivas legales.

Quedó establecido en la ley que los bienes muebles, inmuebles, valores, dinero en efectivo y otros producto de las actividades ilícitas de las pandillas, serán confiscados y pasarán a formar parte del patrimonio del Estado.