Habitantes del Distrito Federal solicitaron el amparo de la justicia federal en contra de la Ley de Desarrollo Urbano, que entró en vigor el pasado 15 de julio, porque excluye la participación ciudadana y permite que las decisiones de planeación y crecimiento de la ciudad dependan exclusivamente de autoridades del gobierno de la capital.

Durante la mañana de ayer se interpusieron 30 recursos de personas físicas y asociaciones civiles que buscan que se declare la inconstucionalidad de 60 por ciento de los artículos. Además solicitan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga los expedientes y sea la que resuelva de fondo el asunto. Alejanrdo Vaca, abogado y vecino de Polanco, explicó que los amparos son promovidos por asociaciones civiles y personas físicas que nada tienen que ver con partidos políticos, pero que defienden sus derechos.

Manifestó que en la demanda de amparo se señalan, entre otros, los artículos 2, 16, 25 , 26, 27, del 35 al 41 y 46 que desestiman la participación de los ciudadanos. Sobre la solicitud a la Suprema Corte de Justicia para resuelva de fondo detalló que nos interesa que la corte diga cual es el derecho de los ciudadanos para que quede claro la participación y no se interprete como opiniones.

Los vecinos indicaron que con la nueva ley se podrá modificar unilateralmente los usos de suelo de zonas habitacionales y residenciales para convertirlas en sitios comerciales con alto impacto.

Además de promover enormes edificios sin necesidad de la aprobación de los residentes, lo que afectará la sustentabilidad y viabilidad de la ciudad y en consecuencia la dotación de servicios.

Los amparos se suman a los que presentó el pasado miércoles el dirigente del PAN en la capital, Obdulio Ávila, lo cual fue calificado por el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Guillermo Sánchez, como un pataleo sin fundamento, pues la normatividad contó con el aval de los diputados de su partido.