El Gobierno del Distrito Federal (GDF) ha actuado de manera intransigente y autoritaria en torno a la supervía poniente. Su accionar es incongruente con los estándares en derechos humanos construidos durante los años recientes y si desea cumplir con los compromisos adquiridos en la materia tendría que suspender las obras y participar activamente en los debates que se realizarán en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que tienen como objetivo analizar alternativas a la vialidad de cuota.

En representación de más de 100 organizaciones de la sociedad civil –la mayoría de las cuales participaron en la elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal– integrantes de las organizaciones Incide Social y Ririki Intervención Social y de los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro y Fray Francisco de Vitoria denunciaron lo anterior, además de advertir que la construcción de la supervía violenta derechos no sólo de los ciudadanos que se oponen activamente al proyecto, sino a todos los habitantes del Distrito Federal.

Explicaron que una de las razones que llevaron a las organizaciones a tomar una postura conjunta es que después de haber construido junto con las autoridades instrumentos de política pública, “que son anunciados por el gobierno con bombo y platillo en foros tanto nacionales como internacionales’, en los hechos se actúa de manera diferente.

“Esta denuncia no implica un rompimiento, pero sí es una gran llamada de atención. Pedimos que se respeten los compromisos. El programa de derechos humanos tiene más de 2 mil 400 lineas de acción y el caso que nos convoca es un foco rojo, una señal de alerta seria”, abundó Alfonso García, del Centro Vitoria.

Las más de 100 organizaciones indicaron que el gobierno de la ciudad ha violentado un cúmulo de derechos, no sólo el de acceso a la información y a un medio ambiente sano. En el pronunciamiento se asegura que “la construcción de la supervía no considera a los derechos humanos como eje rector de toda política pública”.

Con respecto de las declaraciones de servidores públicos en el sentido de que sí participarán en el diálogo, Simón Hernández, del Centro Pro indicó: los pronunciamientos del gobierno han sido ambivalentes. Asegura estar dispuesto, pero en el momento de concretar no hay una disposición real, hay negación y evasivas.

Dijeron compartir la demanda de los integrantes del Frente Amplio contra la Supervía en el sentido de que se detengan las obras durante la realización de los foros de debate, pues no se puede llamar al diálogo cuando las máquinas ya están afuera y los decretos publicados.

Es una demanda legítima y justa. La única forma de demostrar que hay disposición y voluntad política para dialogar es la suspensión de las obras y en ese sentido las organizaciones compartimos y apoyamos esa solicitud, indicó Hernández.