En la lucha contra la delincuencia, lo que incluye el crimen organizado, los derechos humanos deben entenderse como un fin, nunca como un obstáculo, para edificar una sociedad segura, afirmó Arturo Chávez Chávez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), al inaugurar el congreso internacional Uso de la fuerza pública en un estado democrático de derecho.

Manifestó que “es falso el debate que pretende ubicar en conflicto la seguridad –incluyendo el uso de la fuerza– y los derechos humanos, porque son dos caras de la misma moneda”, e hizo un llamado para que se creen cuerpos normativos que definan la legalidad, la legitimidad, la proporcionalidad, la oportunidad y la pertinencia que deben agotarse para que pueda emplearse válidamente la fuerza institucional.

En el congreso, Manuel Mondragón, jefe de la policía capitalina, y David Garay Maldonado, comisionado de la Agencia de Seguridad del estado de México, se pronunciaron en favor de que se negocie con inconformes antes de ejercer la fuerza, y señalaron que la inseguridad que se vive en México no puede atribuirse exclusivamente a la mala operación de las corporaciones policiacas.

Garay apuntó que antes de criticar a las policías municipales de la violencia o la inseguridad, es necesario realizar un análisis de las causas que generan el índice delincuencial: Me parece simplista, reduccionista, decir que el problema deriva solamente de la ineficiencia o la mala operación de los cuerpos de seguridad pública o incluso de su integración.

El discurso inaugural del congreso, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, corrió a cargo de Chávez Chávez, quien afirmó que para superar con éxito y en el menor tiempo posible el difícil reto de abatir la inseguridad, es indispensable elevar miras y comprender que el respeto cabal al estado de derecho debe constituir una política de Estado, consensuada y permanente, que comprometa a todos, que trascienda los antiguos conceptos y ponga el acento en la seguridad de los ciudadanos en una democracia plural y dinámica.

Sostuvo que “es urgente el fortalecimiento institucional –en particular del Ministerio Público y del Poder Judicial– y el restablecimiento del tejido social, con programas educativos, culturales, recreativos y de generación de empleos y oportunidades de desarrollo”.

Señaló que “sin seguridad –basada, por supuesto, en la legitimidad del Estado como titular del monopolio de la fuerza– se abrirían enormes vacíos de autoridad que serían colmados por organizaciones paralelas al Estado, probablemente vinculadas a la delincuencia”.

El titular de la PGR mencionó que el uso de la fuerza, respetando los derechos fundamentales, coloca al Estado en un plano de superioridad ética frente a los delincuentes, y que eso fortalece la cohesión entre los miembros de la sociedad y, al mismo tiempo, aisla a los delincuentes, amplía la comunicación entre los ciudadanos y sus autoridades, e incrementa la confianza en las instituciones.

Asimismo, dijo que la aplicación del uso de fuerza, respetando los derechos fundamentales, evita que la violencia se multiplique, porque el Estado no es percibido como uno más de los violentos, sino como el legítimo protector de sus ciudadanos.

En su ponencia, el italiano Ermanno Vitale, catedrático de la Università della Valle d’Aosta, señaló que a escala internacional se ha considerado que el uso del Ejército contra el crimen organizado no es suficiente para terminar con la delincuencia y la violencia, por lo que es necesaria la puesta en marcha de programas sociales que proporcionen a los jóvenes –que son los que nutren las filas criminales– oportunidades de educación y empleo, con el propósito de obtener los satisfactores de vida más indispensables.