os referimos a la Carta Abierta sobre la ilegal exportación del gas de Camisea y los anunciados arreglos del gobierno con el monopolio exportador, hecha pública el 12 de julio pasado. La enviaron el Foro Soberanía Energética, de Perú, y la Confederación General de Trabajadores del Perú, y la dirigen al gobierno del mismo país.
Se refieren a las condiciones de inicio de la cuestionada exportación del gas de los lotes 88 y 56 de Camisea (yacimiento de gas natural)
. Señalan el contraste entre el precio a los consumidores nacionales (3.2 dólares por millón de BTU) con el de exportación (0.52 de dólares por millón de BTU), seis veces más barato (las iniciales se refieren a unidades térmicas británicas, en inglés).
Señalan “que las tratativas están destinadas realmente para ‘ajustarlo’ a favor de Repsol y Hunt”. Repsol es una empresa española, que en México tiene muchas inversiones y un contrato sobre el gas licuado en cuestión.
Sigue la carta diciendo que con esto se busca perpetuar el saqueo de la reserva estratégica del gas de Camisea, desabasteciendo estructuralmente a la nación. Lo que debe hacerse, es lo que reclama la patria: recuperar el gas de Camisea, de los lotes 88 y 56, su reserva estratégica de energía, para los peruanos y el desarrollo nacional
.
Es importante para nosotros la siguiente mención: La exportación del gas natural licuefactado se ha iniciado con el primer embarque del 24 de junio en el buque metanero de Repsol
. Corresponde al contrato de Perú LNG para exportar 4.2 TCF (se refiere a millones de millones de pies cúbicos) los próximos 18 años, hacia la terminal de regasificacion de Manzanillo en México, gas destinado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México, que lo compró por 21 mil millones de dólares.”
Pero aclara que al iniciarse la exportación, no está terminada la planta de regasificacion de Manzanillo, el destino del contrato.
Esta planta, como informa la prensa especializada, recién estará entrando progresivamente en operaciones desde fines de 2011.
“El Perú ha presenciado en junio de 2010 el inicio de la cuestionada exportación, ahora promovida desde la Jefatura del Estado. Contrato de venta por embarque, al arbitrio del comprador, ‘regularizando’ sus destinos a Chile y Argentina, con inmensas sobreganancias”. O sea, que el gas que estaba contratado para Manzanillo, en el cual hay un gran retraso, ahora se va a vender a Argentina a través de instalaciones en Chile.
Aplicando la fórmula contratada con CFE, basada en el precio de referencia de Henry Hub, el precio promedio de enero a junio pasados del gas licuado, para pagarle a Repsol, es de 4.60 dólares por millón de BTU. Son 9 veces el precio pagado por Repsol en Perú.
Agrega la carta que este compromiso por 18 años significa arrebatarnos 47 por ciento de la reserva estratégica de gas indispensable para el desarrollo nacional
, y se comete una colosal defraudación tributaria al Estado peruano
. Con esto, Perú tendría que comprar gas natural en un futuro cercano, a precios muy altos, para importar la energía con la cual sustituir nuestra reserva estratégica de gas que nos están quitando.
Entonces, resulta que el precio que paga Repsol en Perú es todavía menor que el que creíamos a partir de informes de la propia empresa de sus costos promedio. Es decir, que les dan un precio de privilegio, de 52 centavos de dólar por millón de BTU.
Es el colmo que se importe gas natural tan caro, si al mismo tiempo se están quemando cantidades, superiores a las importadas, de gas natural a medida que se extrae, por ejemplo, en Cantarell, por la genial idea de inyectar nitrógeno para aumentar la presión de salida del petróleo. Ahora el nitrógeno llega a ser 35 por ciento del gas, y no se les ocurre mejor idea que quemarlo.
Hay varias alternativas. Una es inyectar agua en vez de nitrógeno, donde el terreno lo permita. Otra es inyectar el gas en vez de quemarlo, en lugar del nitrógeno. Otra más son las plantas separadoras del nitrógeno, que se supone que se han construido pero no se ven sus efectos. La única explicación de tantos absurdos son los contratos a 15 a 18 años, para gas y para nitrógeno, que representan un gran negocio para las trasnacionales y para quienes las favorecen.
