Política
Ver día anteriorDomingo 11 de julio de 2010Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio

Los oaxaqueños tienen derecho a conocer la verdad histórica de esos hechos, señala

Se sancionará a Ulises Ruiz si está ligado a los asesinatos de 2006, advierte Cué
Foto
Gabino Cué Monteagudo en imagen de archivoFoto Ezequiel Leyva
Enviado y corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 11 de julio de 2010, p. 7

Oaxaca, Oax., 10 de julio. Gabino Cué Monteagudo, ganador de la elección que dejó atrás 80 años de dominio priísta en la entidad, sostuvo que los ciudadanos del estado tienen derecho a conocer la verdad histórica de la represión y los asesinatos de 2006 y anunció que su gobierno emprenderá una amplia investigación ministerial, para determinar qué funcionarios ordenaron y ejecutaron los crímenes.

Si el gobernador Ulises Ruiz Ortiz es uno de los involucrados, advirtió, será sancionado. Que tengan la certeza el magisterio y el pueblo que no voy a permitir la impunidad. Que yo sepa, no hay ningún responsable por las muertes en 2006, ni un solo detenido, señaló.

En entrevista con La Jornada, rechazó que la alianza construida para derrotar al PRI se reduzca a un pragmatismo puro. De lo que se trataba, expuso, era terminar con el cacicazgo de Ruiz Ortiz. Anticipó que a su toma de protesta, el 1º de diciembre, invitará al presidente Felipe Calderón y a Andrés Manuel López Obrador. Y vendrá el que quiera venir. Tampoco voy a ser rehén de intereses personales, atajó.

–¿Cumplirá la expectativa de la sociedad oaxaqueña de castigar los asesinatos, la corrupción y la persecución política del actual gobierno?

–La apuesta de la alianza fue cambiar las formas y estilos, pasar de un régimen autoritario a uno democrático, y vamos a atender los pendientes.

“Vamos a proponer una ley de transparencia, de avanzada, a ser intolerantes con la corrupción y que la procuración de justicia no esté al servicio del gobernante, sino de la sociedad.

“La gente no quiere impunidad, así que se dará fortaleza y autonomía a un órgano defensor de derechos humanos. Y también, vamos a una reforma electoral para que, en adelante, los procesos sean más equitativos.

“Muchos de estos pendientes han sido las causas de la efervescencia social en Oaxaca y de la crisis de 2006, que fue producto de un régimen que apostó a la represión. Pero no vamos a un gobierno de revanchas, que distraiga su atención en tratar de atender agravios personales, sino que actúe con la ley en la mano, como norma de convivencia.

“A lo que me refiero es que cualquiera que se haya robado el dinero del pueblo, matado o promovido la violencia, se le castigará. Quien sea, sin importar el apellido. La justicia es ciega.

El próximo gobierno actuará conforme a la ley. ¡Ah!, pero si en el camino nos encontramos que hubo quienes cometieron delitos, vamos a actuar. Que si eso implica que los vamos a encarcelar, así tendrá que ser.

–¿Se instruirá al procurador para abrir una averiguación previa específica sobre 2006, o se constituirá una fiscalía especial?

–No sé si haya necesidad de integrar una fiscalía especial, pero ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo una investigación, emitió un fallo claro y contundente de que hubo violaciones graves a las garantías individuales.

También sé que no es vinculatorio, y lo que vamos a hacer es buscar a los responsables de las muertes en el conflicto.

–Justicia para las familias.

–Exactamente. Ésa es mi intención de arranque. El juicio político contra Ulises Ruiz no le corresponde al gobierno. En términos de quién violó las garantías, ahí está lo que definió la Corte.

A partir del 1º de diciembre no opera el juicio político para Ulises, y quienes tuvieron la oportunidad de incoarlo o de desaparecer los poderes, no lo hicieron.

–¿Ulises Ruiz y los involucrados en los crímenes de 2006 tienen que ir tramitando su amparo?

–Si cometieron algún delito, sí. Cualquier persona que no haya cometido un delito en un gobierno de impunidad, no se preocupa, pero en otro en el que se gobernará con la ley, sí tiene que preocuparse. Cualquier funcionario.

–¿Cómo resolverá el conflicto en San Juan Copala?

–El de Copala es un problema relacionado con altas tasas de marginación, pobreza y desatención de las autoridades. ¿Cómo entrarle? Con programas que ayuden a mitigar la pobreza, con un diálogo franco con las organizaciones y poner las bases de una relación, sí es factible, de una sana convivencia.

–¿Se abrirá una averiguación previa por los desaparecidos del EPR o pedirá la actuación de la Procuraduría General de la República?

–No sé si el asunto sea del orden común o federal. Si es de éste, seríamos coadyuvantes. Si estuviera en nuestra trinchera, al igual que cualquier expediente abierto, a denuncia de una desaparición, vamos a actuar.

–Con Ulises Ruiz, ¿borrón y cuenta nueva?

–A ver, cuando digo que no habrá cacería de brujas, es que no inventaré delitos o a utilizar el poder en forma facciosa para agraviar a mis adversarios políticos. Eso lo hacen los que ya se van.

Si Ulises Ruiz, para que se entienda bien, cometió algún delito será sancionado como cualquier ciudadano, pero no aspiré a ser gobernador para eso, no tengo nada personal con él.

Cué anticipó que la entrega-recepción del gobierno le permitirá definir qué auditorías se iniciarán para esclarecer los casos de corrupción en el actual gobierno, y castigar la asignación de obras a familiares, las que no se hicieron y se pagaron o se cobraron en exceso.

No tengo compromiso con nadie, más que con quienes votaron por nosotros. La justicia no es negociable, pero tampoco vamos a ser facciosos, es a lo que me refiero.

–¿Cederá a chantajes?

–¿De quién?

–Del PRI.

–¿Por qué, si no les debo nada?

–Negociar una supuesta estabilidad.

–No, quien promueva la inestabilidad comete un delito y será sancionado.