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Muchos de los ordenamientos que serán talados fueron creados en la década de los 80

Las siete mil normas que se eliminarán impactan a más de 60% del PIB, calculan
 
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de junio de 2010, p. 18

La tala regulatoria que impulsa el presidente Felipe Calderón –que agrupa 7 mil normas– involucra oficios, circulares y acuerdos difundidos en el Diario Oficial de la Federación, así como varios ordenamientos en desuso, algunos de la década de los 80, incluyendo disposiciones administrativas para agilizar trámites ciudadanos, económicos y procesos de bienes y servicios del gobierno federal.

Lo anterior se desprende de una revisión de las normas ya suprimidas por las 249 dependencias del gobierno federal, las cuales ascienden a 4 mil 332, según el contador de normas eliminadas que difunde la Secretaría de la Función Pública (SFP), en su página electrónica.

Hoy se cumple el plazo para que las normas eliminadas sumen 7 mil, luego que en diciembre de 2009 Calderón envió a los secretarios de Estado y titulares de las dependencias federales un oficio instruyendo una reducción y simplificación al máximo de normas y reglas internas de la administración pública federal.

A la Secretaría de Economía le atribuyó la responsabilidad de eliminar trámites de alto impacto: impuestos, apertura de empresas, acceso a financiamientos, comercio exterior, desarrollo de infraestructura, compras al gobierno, turismo y otros rubros con un impacto superior a 60 por ciento del PIB. Con la decisión se busca que se utilicen menos tiempo y recursos en materia de regulación gubernamental.

A la SFP le toca hacer una limpia de disposiciones internas, innecesarias por varias razones, en las entidades federales: Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Servicio de Administración Tributaria (SAT), Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y otras.

A finales de 2009, Calderón advirtió que los oficios, circulares y otras normas que no fueran enviados en un reporte a cargo de la SE, las eliminaría en forma automática, con base en las facultades que le otorga la Constitución.