Además de enfrentar un largo proceso para lograr un crédito del Instituto de Vivienda (Invi) del Distrito Federal, las familias capitalinas de escasos recursos que buscan adquirir una casa de interés social deben sortear los fraudes y abusos de los gestores, que andan a la caza de predios e inmuebles abandonados o en situación de riesgo, para hacer sus propios negocios.

Después del temblor de 1985, Guadalupe Díaz emprendió su lucha para lograr la expropiación de un inmueble con daños estructurales en la colonia Doctores y construir, en su lugar, un conjunto habitacional en beneficio de 42 familias.

Sin embargo, aunque la expropiación prosperó, a 25 años de distancia no ha logrado obtener su vivienda. Aún más, todo su trabajo ha sido desconocido por el Invi que, a punto de comenzar el proyecto, integró un padrón de beneficiarios del que está excluida.

La razón: Lorena Hernández, lideresa de la organización Guerreras por una Vivienda –inhabilitada por el propio Invi para gestionar vivienda–, según un oficio del organismo que presenta la afectada, se adjudicó la representación de los inquilinos y elaboró su propia lista.

No es el único caso en el que esta persona se ha visto involucrada, acusada de despojar a las familias de sus proyectos inmobiliarios e imponer a sus propios beneficiarios. En el inmueble de Quintana Roo 149, en la colonia Hipódromo Condesa, se vive una situación similar.

El edificio fue catalogado por Protección Civil de alto riesgo y desde 2003 se inició el proceso de expropiación para ser derribado y levantar otro. Cada vez que íbamos a solicitar informes al Invi nos decían que no había nada, ni presupuesto, vengan después, dice Ángeles Rico, afectada.

Hace un año nos dijeron que entraríamos a un plan emergente y que teníamos que desocupar, pero ahora estamos en la rebatinga con Lorena Hernández, a quien el Invi reconoce como única representante, apunta.

En la colonia Peralvillo, Pedro Flores Nieto, también fue víctima de los gestores de vivienda reconocidos por el Invi.

Carmen Salazar se presentó como representante de los inquilinos y asignó de manera arbitraria las viviendas. No sólo benefició a seis familiares directos, sino que invadió el departamento que le correspondía al señor Pedro, por no aceptar el cambio.

El Invi, señala el afectado, reconoce que hubo el despojo, pero su respuesta ha sido que se sigue el proceso legal correspondiente.