La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) tiene abiertas desde 2009 dos averiguaciones previas relacionadas con el candidato de la coalición Todos por Quintana Roo –integrada por PRD, PT y Convergencia–, Gregorio Sánchez Martínez.

Se trata de una denuncia que presentó Sánchez Martínez por la presunta falsificación de su firma y, derivado de las pesquisas, la parte demandada acusó al alcalde con licencia de Cancún por falsedad de declaración.

Autoridades de la PGJDF señalaron que en septiembre de 2009, Gregorio Sánchez presentó una denuncia por la presunta falsificación de su firma en pagarés por 10 millones de dólares.

Esa cantidad es reclamada por el empresario Steve Santander Reyes, quien aseguró que en 2007 prestó ese dinero a Sánchez Martínez para que financiara su campaña en busca de la alcaldía de Benito Juárez, Cancún.

Las fuentes consultadas señalaron que Sánchez Martínez no pudo comprobar su dicho y que incluso las pruebas periciales que se realizaron concluían que la rúbrica plasmada en los 10 pagarés –cada uno por un millón de dólares–, sí pertenece al político quintanorroense.

Ante esa situación, Santander Reyes –quien es contratista de Petróleos Mexicanos– presentó una contrademanda por falsedad de declaración.

El titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, manifestó que ambas averiguaciones, que lleva a cabo la fiscalía de delitos financieros, continúan abiertas, pero no dio más detalles sobre el caso.

Gregorio Sánchez está preso en el Centro Federal de Readaptación Social Noroeste, ubicado en Tepic, Nayarit, después de que el pasado martes fue detenido por sus presuntos nexos con el narcotráfico.

En tanto, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que llama la atención que a menos de un mes de que se realicen los comicios en Quintana Roo, la Procuraduría General de la República actúe contra el candidato a gobernador. ¡Qué casualidad!

Entrevistado después de que inauguró un sistema para abastecer con agua potable a tres colonias de la delegación Álvaro Obregón, Ebrard Casaubon afirmó que no hay explicación razonable para esta decisión.

Planteó que si hay un candidato, del partido que sea, sobre quien se tengan dudas o elementos de vinculación con la delincuencia organizada, que no se le permita el registro, y no esperar a que falten unas cuantas semanas para el proceso (comicial) para ejerceer acción penal en su contra.

El jefe de Gobierno recordó lo ocurrido en 2009 en Michoacán: “a cuánta gente privaron de su libertad para luego decir, meses después, ‘pues fíjese que no había pruebas’. Acabaron con la vida de muchas personas”.