Luego de una ríspida discusión, en la que salieron a relucir acusaciones de que se legisla para beneficiar a los grandes grupos económicos, el Senado de la República reformó la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para prorrogar hasta por 30 años las concesiones carreteras en el país.

El asunto se aprobó casi al final de la última sesión del Senado, el pasado jueves y que, en contraste con la mayoría de los que se votaron durante esa larga jornada, fue de los pocos que se debatieron y provocó incluso que se confrontaran entre sí legisladores del PRD.

Mientras Pablo Gómez recordó que el rescate carretero fue uno de los grandes trinquetes de finales del siglo XX en México, su compañera de bancada, Claudia Corichi resaltó que con esa modificación se busca que fluyan nuevas inversiones para que las vías de comunicación terrestre sean cada vez mejores.

La perredista zacateca expuso que los empresarios que administran carreteras podrán prorrogar sus concesiones hasta por 30 años, pero de manera acotada, a partir de los primeros 10 años de la actual concesión.

Un argumento similar esgrimió el senador del PRI Rogelio Rueda, pero el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, dijo que detrás de la aprobación de esa minuta, había sólo negocios. De un plumazo les van a otorgar 30 años más a los concesionarios de las grandes carreteras, sostuvo e hizo notar que de acuerdo con cifras oficiales, los empresarios que mal administran los caminos y autopistas del país obtuvieron ganancias por 15 mil millones de pesos el año pasado.

Multipliquen esa suma por los 30 años más que les van a dejar las carreteras, para saber de cuánto es el beneficio a empresarios que ni siquiera cumplen con su responsabilidad, advirtió Monreal. Hizo notar que es evidente el mal estado de la red carretera en manos del sector privado y las elevadas tarifas que debe pagar la ciudadanía.

También en el PAN hubo posturas encontradas, pues mientras el presidente de la Comisión de Hacienda, José Isabel Trejo, defendió la modificación legal, su compañero Federico Doring, se manifestó en contra y argumentó que la prórroga de concesiones de un bien del dominio público fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, en su fallo en torno a la Ley Televisa.

Se tienen que tomar en cuenta las posibles implicaciones jurisdiccionales, advirtió. A su juicio, no es digno ni moral apoyar con criterios políticos las distintas aplicaciones de concesiones públicas en el país.

El priísta Rueda insistió en que la modificación al artículo sexto de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, va encaminada a mejorar el servicio y la seguridad en la operación de tramos carreteros que son de un solo carril y que no ha sido posible ampliarlos porque las inversiones necesarias requieren un plazo para ser recuperadas y el lapso que le resta a las concesiones actuales no es suficiente para ello.

La minuta se aprobó con 59 votos a favor, 19 en contra y cinco abstenciones y fue devuelta a la Cámara de Diputados, ya que los senadores le hicieron cambios. El petista Ricardo Monreal confió en que en San Lázaro se pare esa reforma, como se hizo con la ley de Asociaciones Público-Privadas ese mismo día en Xicoténcatl, donde quedó en suspenso, luego de que ya había sido aprobada en lo general.

Monreal reconoció que “estaba dispuesto a presentar en su totalidad las 65 reservas, lo que le habría llevado más de 30 horas, “pero era la única forma de parar a la mayoría PRI-PAN en ese intento de avanzar a la privatización de todos los servicios públicos.