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El gobierno de Jalisco le otorgó un aumento

El abogado del caso Posadas ha costado más de $5 millones
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 9 de abril de 2010, p. 28

Guadalajara, Jal., 8 de abril. José Antonio Ortega Sánchez, abogado del arzobispado de Guadalajara contratado por el gobierno de Emilio González Márquez para seguir la investigación sobre el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, cometido el 24 de mayo de 1993, en tres años ha cobrado del erario 50 cheques que suman 2 millones 201 mil 479 pesos, según datos de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado.

Se estima que desde la década pasada Ortega Sánchez ha recibido más de 5 millones de pesos, además de viáticos por traslados a la ciudad de México, uno al Vaticano y otro a Washington DC. En 2010 el gobierno estatal aumentó a 58 mil pesos mensuales el pago de sus servicios.

Estas erogaciones no incluyen la solicitud de investigación que hace unos días presentó el gobernador a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se reabra el expediente y dar respuesta a un reclamo social y una exigencia de justicia.

Ortega Sánchez, también abogado del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, preside la asociación Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que junto a la asociación Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, a cargo de Guillermo Velasco Arzac, financió el espot televisivo que comparaba al ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador con Hitler y Mussolini.

Tanto Ortega Sánchez como Velasco Arzac, vinculados con las organizaciones de ultraderecha Desarrollo Humano Integral, AC y El Yunque, fueron quienes acompañaron al gobernador a una reunión el 16 de abril de 2008 con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en el hotel Gran Meliá de Cancún, Quintana Roo, para notificarle que habían presentado denuncia contra los mexicanos supuestamente ligados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, según reconoció el propio Uribe.

Cuando apenas empezaba la administración de González Márquez, el primero de marzo de 2007, renovó el contrato a Ortega Sánchez para que siguiera presionando a la Procuraduría general de la República a fin de evitar que se cerrara el caso Posadas Ocampo.