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El pasado jueves hablé del tema con Gómez Mont, afirma el edil

Rechaza Gobernación haber apoyado que Fernández Garza tuviera informantes
Corresponsal y reportero
Periódico La Jornada
Sábado 27 de marzo de 2010, p. 7

El alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández, declaró por tercera ocasión ante el Ministerio Público Federal (MPF). Esta vez acerca de su relación con Alberto Mendoza Contreras, El Chico Malo, presunto jefe de plaza del cártel de los Beltrán Leyva, detenido el pasado día 19.

El edil panista se confrontó con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien rechazó tener conocimiento de que ese delincuente fuera informante del ayuntamiento.

Fernández Garza señaló que el pasado miércoles fue interrogado en sus oficinas por elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Aseguró a la prensa que el titular de Gobernación apoya el uso de informantes para combatir el crimen organizado, como él hizo al pagar a El Chico Malo por datos que le permitieron –dijo– depurar la policía municipal.

En un comunicado emitido por la noche, Gómez Mont rechazó rotundamente que el gobierno federal conociera que El Chico Malo colaboraba con la administración del alcalde Fernández Garza. Es inadmisible que, bajo cualquier esquema, la información e inteligencia se obtengan a cambio de tolerar situaciones de impunidad, advirtió.

Por la mañana, en Monterrey, Fernández Garza sostuvo que el jueves pasado habló con el secretario de Gobernación y le pidió compartir información o un listado de informantes del Ejército, la Marina, la PGR y el Cisen, pues si los hay, con mucho gusto los contratará para que le ayuden a detectar grupos de delincuentes que pretendan establecerse en San Pedro. Reveló que el titular de Gobernación quedó en indagar sobre el tema.

–¿La Federación sabía que Mendoza Contreras era su informante?

–No como persona. Yo había comunicado a todos los órganos de coordinación que, obviamente, yo pago a informantes, y nadie tiene nada en contra de ellos; el secretario de Gobernación me lo dijo tal cual –respondió el alcalde.

Aseguró que los datos proporcionados por El Chico Malo fueron muy útiles, pues “este personaje fue el que dio la lista de los 50 policías que estaban vinculados con los Beltrán Leyva; al final de cuentas se dio de baja a estos agentes y el Ejército hizo un operativo en el que detuvo a 20 elementos”, en julio de 2009.

Horas después, en un comunicado, Gómez Mont desmintió al edil neoleonés. Dijo que el gobierno federal no aceptará, por ninguna circunstancia, el intercambio de información e inteligencia a cambio de impunidad.

Dejó claro que el gobierno federal rechaza tajantemente que la falta de conocimiento de los antecedentes de cualquier tipo de colaborador en materia de inteligencia exima a las autoridades de la responsabilidad de investigar sus posibles nexos con el crimen organizado.

Advierte además que, atento a lo anterior, la Procuraduría General de la República (PGR), en uso de sus facultades y en cumplimiento de sus obligaciones, investigará todo hecho presuntamente delictivo que llegue a ser de su conocimiento.

En tanto, el vocero de la PGR, Ricardo Nájera Herrera, confirmó que Fernández Garza compareció ante el MPF, dentro de la averiguación previa que integra la SIEDO, como parte de la investigación que se integra contra Mendoza Contreras.

La declaración del alcalde fue tomada por personal de la PGR vinculado con la investigación de la muerte de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey.

Bajo resguardo

La Secretaría de Marina-Armada de México informó que brinda protección al jefe de la policía de Santa Catarina, comandante Luis Eduardo Murrieta Maya, a petición de éste, quien considera que su vida corre peligro, luego de que José Humberto Márquez Compeán, uno de los dos narcomenudistas detenidos en días pasados, fuera asesinado cuando supuestamente estaba bajo su resguardo.

El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Javier Treviño Cantú, señaló que en breve, Murrieta Maya rendirá declaración ante el Ministerio Público sobre la muerte del vendedor de droga.