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Violó derechos humanos en el bombardeo a las FARC en su territorio, acusa Ecuador

Bogotá desconoce competencia de la CIDH en la demanda de Quito por muerte de un ecuatoriano
 
Periódico La Jornada
Sábado 20 de marzo de 2010, p. 21

Bogotá, 19 de marzo. El gobierno colombiano rechazó hoy la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para conocer una demanda de Ecuador por la muerte de uno de sus ciudadanos, tras el ataque colombiano en el que perdió la vida el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Raúl Reyes, lo que desató una crisis diplomática.

La decisión de Colombia de retirarse de una audiencia citada por el organismo, con sede en Washington y adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), se produce en momentos en que Bogotá y Quito avanzan en la normalización de sus relaciones después de que Ecuador las rompió a raíz del bombardeo contra un campamento de las FARC, ocurrido el primero de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano.

Quiero reiterar que hay unos escenarios apropiados para esta discusión. Esta honorable comisión, como está suficientemente claro, no es competente para tratar este tema, dijo el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso Hoyos.

Colombia lo tratará en los escenarios correspondientes. Y finalmente recordar que Colombia no tiene problemas con el hermano país de Ecuador, sino con un grupo de asesinos, narcotraficantes, terroristas y secuestradores llamados FARC, precisó el diplomático, de acuerdo con un comunicado entregado por la cancillería en Bogotá.

En el ataque de las fuerzas militares de Colombia contra el campamento de la principal guerrilla colombiana, ubicado en una zona selvática fronteriza de Ecuador, murieron Reyes y 24 personas, incluidos cuatro estudiantes mexicanos y el ecuatoriano Franklin Guillermo Aisalla, además de que hubo varios heridos.

El gobierno de Ecuador solicitó a la CIDH que asuma la decisión histórica de aceptar el caso de Aisalla argumentando una violación de los derechos humanos tras la operación militar colombiana en su territorio, para evitar en el futuro un suceso similar.

Esperamos esta decisión, que puede ser histórica y dar vitalidad a la justicia internacional, dijo el procurador ecuatoriano, Diego García, según un reporte de la agencia estatal de noticias Andes.

García afirmó que Colombia violó derechos de Aisalla, como el derecho a la vida y a la protección judicial, y pidió al organismo interamericano una decisión que obligue a Bogotá a indemnizar a sus familiares, realizar una investigación sobre los hechos y castigar a los responsables.

Por lo demás, dijo, Ecuador no pretende aquí discusiones sobre soberanía o de orden internos de los estados involucrados y sus relaciones bilaterales. Pidió que esta audiencia tampoco sea vista como un enfrentamiento entre dos estados americanos.

Los discos duros de Raúl Reyes

Ecuador condicionó la plena normalización de relaciones diplomáticas y el nombramiento de su embajador en Bogotá a que Colombia le entregue los discos duros de las computadoras de Reyes en los que, de acuerdo con la administración colombiana, se encontraron documentos que hablan de supuestos nexos del gobierno ecuatoriano con las FARC.

Quito también pidió acceso a los videos de la operación militar para descartar la participación de terceros países en el bombardeo, pues sospecha del involucramiento de Estados Unidos desde la antigua base de Manta.

Al respecto, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño señaló que el proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre los dos países se ha vuelto a detener por la falta de entrega de la información requerida a Bogotá.

Las demandas de Ecuador son analizadas y tratadas por una comisión binacional de asuntos sensibles, la cual no tiene fecha para reunirse ante estos contratiempos, dijo Patiño a la prensa.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos rechazó haber negado visas a dos abogados y familiares de Aisalla, que necesitaban estar presentes en la audiencia de la CIDH en Washington.

La embajadora Heather Hodges afirmó que la solicitud sigue siendo analizada y que estas decisiones pueden tomar tiempo, en respuesta a una declaración de Patiño, quien dijo que su gobierno protestará ante esta situación.