n plena crisis de inseguridad, con el crimen organizado (el desorganizado también) metido hasta la cocina de la estructura gubernamental y la atemorizada ciudadanía al borde de un ataque de nervios, se quiere vender la idea de que el obligado registro de información personal de cada uno de los usuarios de telefonía móvil en el país no sólo será rigurosamente confidencial, sino que estará protegida y encerrada en una caja fuerte con quinientos candados para evitar que alguien ajeno la utilice para fines contrarios a los establecidos por la ley. Ese es el intento que, dicho sea de paso, no ha convencido a la mayoría, para prevenir delitos como el secuestro y la extorsión, según reza la versión oficial.

Alrededor de 83.2 millones de teléfonos celulares (móviles, en realidad) funcionan en México, y quienes los utilizan están obligados, por ley, a darse de alta en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, conocido como Renaut, a más tardar el próximo 10 de abril, con nombre, apellidos y fecha de nacimiento, para que los responsables de este operativo liguen número telefónico con clave única de registro poblacional, alias la CURP. Las encargadas de promover esta jugada son las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, así como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (híjole, qué garantía: no vaya a ser la de malas que a Fernando Gómez Mont se le ocurra firmar pactos secretos, bajo el pretexto de garantizar la gobernabilidad de la telefonía en el país, o que a Juan Molinar Horcasitas no le remuerda –como en el caso de la muerte de 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo– que la información recabada corra el riesgo de terminar en manos indeseadas).

Aquel usuario que no se registre dentro del plazo marcado será dado de baja, según reza la propaganda oficial. Qué bueno, pero no hay que olvidar que de los 83.2 millones de celulares activos, alrededor de 62 millones (alrededor de 74 por ciento) son de la empresa Telcel, propiedad del hombre más rico del mundo, quien sin duda aceptará sin chistar que le cancelen algo así como 35 millones de contratos (la parte correspondiente a los que aún no se dan de alta en Renaut).

Pues bien, a escasas tres semanas de que venza el plazo legal, 57 por ciento de los usuarios no se han dado de alta en el Renaut, o lo que es lo mismo, alrededor de 47 millones de aparatos se mantienen fuera de la base de datos de tal registro oficial, y no precisamente porque sus propietarios estén en contra de la prevención, investigación y persecución de delitos como el secuestro y la extorsión o formen parte de esta boyante industria en el país, sino, precisamente, porque ejercicios anteriores han servido exactamente para lo contrario de lo que autoridad prometió.

En sí, la idea del Renaut no es precisamente mala ni equivocada, pero sus promotores parecen olvidar en qué país viven, porque no es un secreto para los mexicanos el jugoso negocio que para algunos significa el mercado negro de bases de datos, su venta al mejor postor, y, desde luego, su ilegal utilización –en negocios lícitos o no– en contra de los propios registrados. Es la vieja historia de la burra que no era arisca, porque la negativa de la mayoría de usuarios de teléfonos móviles va de la mano de la negra experiencia que la ciudadanía ha tenido en este tipo de ejercicios promovidos por el gobierno y en no pocas ocasiones concesionados a particulares, sin mayor cuidado o supervisión que el monto económico involucrado.

¿Quién garantiza a la ciudadanía que la información personal por ella aportada no terminará en una comercializadora, en un banco, en una aseguradora, en una empresa que vende cualquier cantidad de mugres, en un partido político o en una banda de secuestradores o extorsionadores? ¿Quién, que no serán bombardeados telefónicamente por todos tipo de negocios y sus productos innovadores o, lo que no sería raro, en el listado electoral de los partidos políticos, o en el directorio de defraudadores, extorsionadores o secuestradores? ¿La autoridad, desde donde se trafica con bases de datos?

Cómo olvidar, por ejemplo, el tenebroso caso del Registro Nacional de Vehículos (Renave), cuando en tiempos de Zedillo la entonces Secretaría de Comercio (ahora de Economía) concesionó a particulares (septiembre de 1999) una labor que sólo corresponde al gobierno, con la agravante de que el director del consorcio privado, Ricardo Miguel Cavallo, resultó ser un destacado torturador y violador de los derechos humanos de la sanguinaria dictadura argentina de los 70. Y la cereza fue que este nefasto personaje contaba con el visto bueno de los funcionarios involucrados.

Cómo olvidar, también, que en este teje y maneje de la base de datos personalizados del Renave resultó suicidado el entonces subsecretario de Comercio (RRT), y que a pesar de todo el negocio siguió en funcionamiento hasta 2002, cuando lo desaparecieron (no sin antes indemnizar a la empresa privada), sólo para que cuatro o cinco años después se retomara, ya sin concesión a particulares. Y si Cavallo terminó en la cárcel no fue por decisión del gobierno mexicano, sino por la intervención de un juez español. ¿Quién garantizaba la confidencialidad? Pues la vigilante autoridad.

Ése fue un caso, pero de inmediato a la memoria viene la venta del padrón electoral del IFE, la base de datos de millones y millones de electores mexicanos con todo incluido (nombre, apellidos, edad, dirección), es decir, el tan presumido padrón inviolable y permanentemente blindado (según el IFE, desde luego). Unos tipos más listos que los defensores de la inviolabilidad vendieron el listado a una empresa nacional y ésta hizo lo propio a un consorcio gringo, Choice Point, que a su vez vendió a las agencias estadunidenses de seguridad. Eso fue en 2000, más o menos, y después de seis largos años un tribunal sentenció, en ausencia, a los responsables. ¿Quién garantizaba la confidencialidad? Pues la autoridad.

Las rebanadas del pastel

Que la autoridad no se queje, pues lo mismo sucede cuando alguien se registra en una Afore, tramita tarjeta de crédito, contrata seguro, etcétera, etcétera. Minutos después, el teléfono privado comienza a sonar: alguien, de otra parte, le quiere vender otra cosa. Cuando se pregunta de dónde salió nombre y teléfono, la respuesta es la misma: de nuestra base de datos. ¿Y quién garantizaba la confidencialidad? Pues el banco, o la aseguradora, o…

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