La empresa refresquera Coca-Cola Femsa no incurrió en prácticas monopólicas al imponer a pequeños comercios la exclusividad en la venta de sus productos y no permitir que en esos establecimientos se vendieran otras marcas de refrescos, considera el proyecto de dictamen que discutirá hoy la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El dictamen da la razón a Coca-Cola en contra de la decisión de la Comisión Federal de Competencia (CFC), la cual en 2000 impuso una sanción de 10.5 millones a la transnacional y a cada una de sus embotelladoras, a partir de una queja que presentó Pepsicola mexicana.

Según el proyecto elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero, la CFC no demostró ante el máximo tribunal que la trasnacional hubiera violado la ley al imponer a los pequeños comercios la exclusividad en la venta de su refresco, cuando les entregaba a las tiendas refrigeradores con logotipos de su compañía.

El dictamen añade que la autoridad no aportó pruebas que acreditaran que Coca-Cola incurrió en acciones ilícitas, por lo que su dictamen en el que sancionaba a la refresquera carecía de la fundamentación y motivación que exige la Constitución.

La multa que en aquel entonces le fue impuesta a Coca-Cola era la más alta que preveía la Ley Federal de Competencia Económica, antes de las reformas legales de 2006.

En ese entonces, en primera instancia un juez de distrito dio la razón a la embotelladora, pero como la Comisión Federal de Competencia solicitó la revisión, el asunto se turnó a un tribunal colegiado. La refresquera solicitó a la Corte que atrajera el asunto y ésta lo listó para su resolución este miércoles.