Diputados michoacanos del PRD solicitarán citas con los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez, y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García, para que expliquen el estado de las investigaciones sobre la presunta responsabilidad de funcionarios y alcaldes de esa entidad en actos relacionados con el crimen organizado y se castigue de manera contundente a quienes cometieron errores en su aprehensión.

En conferencia de prensa, los legisladores federales recordaron que el pasado fin de semana se decretó la liberación de 12 presuntos implicados por falta de pruebas. Mencionaron que, al no cumplirse los elementos de tipo penal y no haber cuerpo del delito, el mismo criterio debe aplicarse para el resto de los inculpados.

“Estaremos trabajando intensamente para que sean reivindicados social, económica y políticamente. También estaremos respaldándolos en caso de que presenten las demandas correspondientes contra los funcionarios que hayan participado en el operativo. Todos sabemos que hubo anomalías en su detención”, aseveró Víctor Manuel Báez, coordinador de los legisladores michoacanos perredistas.

No podemos seguir caminando en este país con ese tipo de actitudes y que solamente haya una disculpa y después sigan pasando esas cosas, agregó el también coordinador de los legisladores michoacanos del PRD.

Su compañero de bancada Martín García Avilés subrayó que entre los efectos de la sentencia absolutoria debe destacarse que se desestima la declaración inverosímil del testigo protegido, la cual derivó en la aprehensión de los funcionarios michoacanos el pasado 26 de mayo, los supuestos indicios y el cúmulo de pruebas irregulares que se encontraban en la causa penal.

La misma declaración del testigo no puede tener los mismos efectos para los procesados que quedaron en libertad y efectos distintos para otros. Para unos esa afirmación se perfecciona y para otros no tiene validez. En otras palabras, la sentencia es vinculatoria, enfatizó.

Víctor Manuel Báez comentó que además del beneplácito que genera la liberación de 12 de los 32 implicados, “esto desde luego da luz respecto de que el gobierno federal se está sensibilizando, concientizando y atendiendo de manera puntual los procedimientos.

Recordemos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya fijó su postura y emitió sus recomendaciones. Aceptó que hubo violaciones a las garantías individuales de los implicados. Repito, el pasado viernes ya fueron liberados 12. Desde luego, los michoacanos estaremos trabajando con más ahínco para lograr la liberación del resto de los involucrados.

El también legislador perredista por Michoacán Uriel López Paredes adelantó que su bancada en San Lázaro propondrá reformas a las figuras de testigo protegido y arraigo, entre otros, “pues la experiencia de los funcionarios detenidos el pasado 26 de mayo se convierte en causa cuando se sabe que hay miles de mexicanos que han pasado por una situación similar, a quienes nunca se ha escuchado y carecen de persona alguna que abogue por ellos.

Creo que es muy importante que se revisen esas figuras y se corrija lo que ahora ha traído como consecuencia errores jurídicos. Los responsables deben ser sancionados para que se fije un precedente. Considero que será importante para que las cosas cambien en este país en materia de justicia.