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Los padres de Nayeli Reyes Santos estuvieron velando los restos de una desconocida

Cadáver hallado en Veracruz no era de funcionaria judicial desaparecida

Ninguna explicación del gobierno estatal sobre la equivocación

La oficial fue levantada por un comando el jueves pasado

Indagan relación con captura de operador de los Cárdenas Guillén

Foto
Nayeli Reyes Santos, oficial del segundo tribunal unitario, fue secuestrada el 21 de enero por un comando antes de llegar a sus oficinas en la sede del Poder Judicial de la Federación en Boca del Río, Veracruz. Los pistoleros la bajaron de su auto (en la imagen) Miguel Ángel López Solana / Archivo
Corresponsal y reporteros
Periódico La Jornada
Martes 26 de enero de 2010, p. 29

El cadáver localizado el domingo pasado en el fraccionamiento Jardines de Virginia, en el municipio de Boca del Río, Veracruz, no era de Nayeli Reyes Santos, oficial del segundo tribunal unitario del Poder Judicial de la Federación (PJF), levantada el jueves anterior. La funcionaria sigue desaparecida, informó el gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Los padres de Reyes Santos interrumpieron el velorio el domingo y devolvieron el cuerpo al Instituto de Medicina Forense, en Boca del Río.

“En medio de estos capítulos de violencia y con una impunidad increíble, los facinerosos arrojaron un cuerpo que pretendían hacer pasar por el de Nayeli –afirmó Herrera Beltrán este lunes en entrevista–. He platicado con los padres y dicen que no corresponde. No sabemos de quién es el cuerpo, pero afortunadamente no es de Nayeli”, dijo.

Nadie ha ofrecido una explicación oficial sobre la confusión.

Familiares de Nayeli Reyes aseguraron el domingo que el cadáver tenía características diferentes a las de la oficial, entre ellas cabello ensortijado y teñido, además de tatuajes.

El cadáver mutilado de pies y manos y con un narcomensaje clavado en la espalda con un cuchillo, fue hallado la mañana del domingo en la esquina que forman las calles Invernadero y Habaneras del fraccionamiento Jardines de Virginia, donde Reyes Santos fue levantada por un comando.

Fuentes de la Procuraduría de Justicia estatal informaron que, como parte de la investigación 103/2010/I/BR-01, se ordenó practicar exámenes de ADN al cadáver para identificarlo.

Reyes Santos fue secuestrada antes de llegar a sus oficinas, en la sede del Poder Judicial de la Federación en Boca del Río.

La madrugada del martes de la semana pasada militares y delincuentes se enfrentaron cerca de ese sitio y se detuvo a Juan Carlos Tarabay Castillo, El 20, operador financiero de los Cárdenas Guillén.

De acuerdo con testigos, Reyes Santos viajaba cerca de las 8 horas en un auto Mazda blanco, placas YFG2963, cuando fue interceptada por otra unidad que transportaba a varios sujetos armados. La mujer fue bajada de su vehículo, el cual quedó abandonado en la calle Habaneras.

A su vez, la delegación de la Procuraduría General de la República en Veracruz inició una averiguación previa para coadyuvar con las autoridades de esa entidad en la investigación sobre el paradero de Nayeli Reyes, revelaron fuentes ministeriales.

Una de las líneas de investigación apunta a que la funcionaria judicial aportó información a militares en Veracruz para capturar a Tarabay Castillo, quien además es presunto jefe de Los Zetas en siete estados.

En este contexto, funcionarios que laboran para tribunales y juzgados federales enviaron un escrito al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para exigir que se redoble la vigilancia en los órganos jurisdiccionales y se brinde protección personal no sólo a jueces, sino también a funcionarios de menor jerarquía.

En la ciudad de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el CJF lamentaron profundamente la desaparición de Nayeli Reyes Santos.

En un comunicado, ministros y consejeros se unieron a la preocupación de familiares, amigos y compañeros de trabajo de Reyes Santos e informaron que solicitaron a autoridades que intensifiquen las investigaciones para encontrarla a la brevedad posible.

Desde los asesinatos de los jueces federales Benito Andrade y Jesús Ayala Montenegro, perpetrados en diciembre de 2001 en Mazatlán, Sinaloa, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura no habían expresado su preocupación de manera oficial por la afectación de uno de sus miembros.