Una decisión de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) terminará por entregar infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex) e instalaciones construidas por empresarios nacionales a un puñado de grandes trasnacionales de la energía, como Repsol, Shell, Gas Natural, Gaz de France y Tractebel, acusaron industriales gaseros.

Es la punta de la madeja de una disputa que tiene que ver con la decisión gubernamental de intervenir en la regulación del mercado de gas licuado de petróleo (LP), que es calificada de una redistribución de la riqueza nacional no entre los más pobres, sino entre las trasnacionales, declaró en una entrevista con La Jornada Cuauhtémoc Cárdenas Blancarte, presidente de la Cámara Regional de Gas LP, que representa los intereses del sector.

Inversiones de más de mil 250 mdd en terminales marítimas

Si contabilizamos la inversión que ha realizado el gobierno a través de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en estas instalaciones estamos hablando de más de 10 mil millones de dólares. Tan sólo en los últimos cinco años el gobierno ha invertido más de mil 250 millones de dólares en terminales marítimas y el problema es que toda esta infraestructura se le entrega en charola de plata a empresas privadas nacionales y extranjeras que no han invertido en este sector, aseguró Cárdenas Blancarte.

México es el líder mundial en el consumo per cápita de gas LP para el sector residencial, de acuerdo con la Secretaría de Energía. Cuatro de cada cinco familias utilizan este combustible para la cocción de alimentos. En 2007, en el país se consumió aproximadamente 0.3 millones de barriles diarios de gas LP, 50 por ciento más que en Brasil, de acuerdo con la dependencia.

El 17 de noviembre pasado, la CRE publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución RES-250-2009 para regular la prestación del servicio de almacenamiento de gas LP en condiciones no discriminatorias y mediante un acceso abierto a los sistemas que se encuentran directamente vinculados a los sistemas de transporte o distribución por ducto o que forman parte integral de las terminales de importación o distribución de dicho producto.

En opinión de Víctor Rodríguez Padilla, investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y un experto en temas energéticos que ha asesorado al Senado y la Cámara de Diputados, la regulación de la CRE tiene sustento legal, aunque con una base que puede ser cuestionada. Lo que hizo la Comisión Reguladora de Energía es totalmente legal. Se trata de la apertura del mercado de gas establecido en 1996, una modificación legal que a mi juicio es inconstitucional pero en aquel tiempo nadie se inconformó. Se trata de abrir la participación en ductos y transporte, con la idea de generar competencia, dice, e insiste que la industria del gas tendría que ser reservada al Estado.

La regulación de la CRE, explicó Rodríguez Padilla, obligará a los empresarios de gas LP, actuales propietarios de los tanques de almacenaje y sistemas de transportación –que también posee Pemex, por ejemplo–, a permitir a nuevos participantes en el mercado usar esa infraestructura a cambio del pago de una cuota, que fijará la Comisión Reguladora de Energía. Quizá en lo que tengan razón es en reclamar que se va a usar una instalación suya, en la que gastaron recursos, a cambio de una cuota que no van a fijar ellos, abundó.

Rodríguez Padilla expuso que Pemex, por ser propietario también de instalaciones para almacenamiento de gas LP sale afectado por esta resolución, porque puede ser obligado a compartir su infraestructura. Es curioso que Pemex hasta ahora no haya reclamado por una resolución que también lo puede afectar. Insistió en que la inconformidad de los empresarios gaseros deriva de que les van a romper el monopolio en la distribución.

Para Cárdenas Blancarte, hasta antes de la resolución RES-250-2009, el uso de las diversas instalaciones de gas LP, principalmente terminales marítimas, almacenes terrestres, ductos y tuberías lo decidía el dueño de las instalaciones. Es decir, si Pemex contaba con instalaciones de gas natural o gas LP en el Bajío, era la paraestatal la que decidía cómo utilizarlas. Lo mismo sucedía con las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad o de las empresas privadas. Los dueños de las instalaciones decidían cómo utilizarlas, bajo los lineamientos y permisos otorgados por el gobierno.

Ahora, añadió, Pemex, la CFE y las empresas privadas que cuentan con instalaciones de almacenamiento de gas LP se verán supeditados a las decisiones que tome la CRE, instancia que, afirmó, de manera unilateral decidirá si renta o presta la infraestructura nacional o de los privados a empresas nacionales o trasnacionales que no han invertido un solo peso en el desarrollo de los sistemas de almacenaje y distribución.

–¿Puede mencionar algunos casos de inversiones que se han realizado y se verían afectadas?

–Tanto el gobierno como algunas empresas privadas han desarrollado instalaciones para el almacenamiento de gas natural y de gas LP en prácticamente todo el país. La mayor parte pertenecen a Pemex y a la CFE y una parte pequeña a empresas privadas. Entre los almacenes de gas LP, propiedad de la nación y que se verán afectadas con la medida, están los ubicados en las siguientes: Rosarito, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Cactus, Chiapas; Salina Cruz, Oaxaca; Cadereyta, Nuevo León y Nogales, Sonora, entre otras.

–¿La resolución fue consultada con la industria?

–Sí, pero al final de cuentas no se tomó en cuenta la posición de las empresas.

–¿Cuáles son las trasnacionales que se verían beneficiadas?

Algunas de las grandes trasnacionales que se dedican a la venta de hidrocarburos, tales como Repsol, Shell, la española Gas Natural que ya tiene una fuerte presencia en México, Gaz de France y Tractebel.

–¿Cuál es la importancia del sistema de almacenamiento de gas, de qué forma puede afectar a la población consumidora?

–México cuenta con una infraestructura muy reducida en el sector energético. El país requiere de más inversión en el caso concreto de almacenes de gas. Si el gobierno le dice que usted puede invertir en almacenes, pero que en cuanto los tenga los va a administrar la CRE y esta institución fija el porcentaje de su capacidad que puede utilizar, lo que debe rentar y lo que debe cobrar, simplemente no habrá nuevas inversiones en infraestructura.

Los trozos del pastel

Carlos Huerta, ex asesor del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados en materia de economía de la energía y actual asesor del Consejo de Administración de Pemex, explicó en una entrevista que en la resolución RES-250-2009 que emitió la CRE y la reacción de empresarios gaseros no hay otra cosa que la disputa por el mercado de gas natural y LP entre particulares.

Comentó que desde el 12 de mayo de 1995, cuando entraron en vigor las reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, se permite la participación de los sectores social y privado en el transporte, almacenamiento y distribución de gas, tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 4 de la citada Ley. Por lo tanto, el argumento que utilizan los gaseros para criticar la resolución, además de ser falso, intenta amagar y revertir la resolución de la CRE con el objetivo de no ver afectados sus intereses corporativos.

Lo que se puede afirmar es que la resolución va en la dirección de transparentar las relaciones público-privadas, lo que a más de uno debe de tener incómodo porque la competencia será muy intensa. Lo que está detrás de todo esto es cuidar su cacho de pastel en el mercado gasero.