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Con 2 helicópteros se monitorearán marchas

5 mil policías federales vigilarán edificios y vías
 
Periódico La Jornada
Viernes 4 de diciembre de 2009, p. 5

La Policía Federal (PF) desplegará este viernes a 5 mil elementos para resguardar los principales accesos a la ciudad de México, así como edificios públicos federales, ante las manifestaciones que realizarán integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), informó en conferencia de prensa Rafael Avilés, coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública.

Agregó que el operativo policiaco se efectuará en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y anunció que dos helicópteros de la PF monitorearán el desarrollo de las marchas, con el fin de reaccionar en forma inmediata en caso de que sea necesario.

En la estrategia participarán elementos antimotines que están adiestrados para restablecer el orden público sin el uso de armas de fuego, abundó.

A su vez, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) solicitó medidas precautorias al gobierno capitalino para garantizar que las vialidades resulten lo menos afectadas posibles, con el fin de evitar roces de violencia.

Apelamos a la prudencia y a la necesidad de tolerancia, pues el derecho a la libre manifestación no debe estar sometido a condiciones, pero también el derecho de la gente a utilizar las vías debe ser respetado, expresó su titular, Luis González Placencia.

Sin embargo, el presidente de la Coparmex-DF, Juan de Dios Barba, pidió que se aplique la ley contra quienes obstruyan las vialidades primarias y generen daños económicos y sociales a la población, sobre todo cuando esta marcha tiene otros fines –no especificó cuáles– ajenos a la restitución de la fuente laboral.

Estimó que las pérdidas económicas para el sector comercio ascenderán a 10 millones de pesos, siempre y cuando no dure más de cuatro horas, pues de lo contrario el monto será mayor.

Barba consideró que es hora de que las autoridades capitalinas actúen y apliquen las sanciones económicas y penales establecidas en la ley.

El presidente de la CDHDF rechazó tal pretensión. Agregó que corresponde a la administración capitalina armonizar el derecho de la libre manifestación y el que tienen las personas a utilizar la ciudad para cumplir con sus fines cotidianos.