La Dirección de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados se ha negado a turnar a la Comisión de Equidad y Género la iniciativa que pretende penalizar el aborto, enviada por el Congreso de Veracruz.

Siete días después de que el PRD solicitó que también se envíe a dicha comisión, esa oficina –dependiente de la Secretaría General– argumentó que no existe capacidad legal para que también Equidad y Género conozca la propuesta, y mantiene la definición de que sólo se dictamine en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

El documento será entregado mañana en la reunión matutina de la mesa directiva para que determine si es viable que el dictamen corresponda a tres comisiones.

En contraste, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, César Augusto Santiago (PRI), presentó ayer un proyecto de reforma a la Ley General de Salud para que se considere el aborto un problema de salud pública y evitar discusiones prejuiciadas que sólo dividen y no aportan.

En tribuna, resaltó que en la prestación de servicios médicos debe quedar claro el principio de laicidad del Estado, y que si bien es necesario respetar que por sus creencias algunos médicos se nieguen a realizar la interrupción del embarazo, debe existir la correlativa obligación de las instituciones públicas de salud de contar con médicos no objetores.

También planteó incluir en la ley un capítulo sobre la salud sexual y reproductiva de los menores de edad, así como el acceso general a métodos anticonceptivos y a mecanismos protectores para impedir el contagio de enfermedades sexualmente transmisibles.

La propuesta enviada por la mayoría priísta del Congreso de Veracruz busca adicionar un segundo párrafo al artículo 1 y reformar el segundo párrafo del artículo 4 de la Constitución para definir que el derecho a la vida será garantizado por el Estado desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.

En la exposición de motivos, los legisladores veracruzanos argumentan que los altos índices de violencia en el país, causados por la delincuencia organizada, que muestra un menosprecio absoluto por la vida, hacen necesario tutelar en la Constitución el derecho a la vida y a su protección.

Aunque la propuesta tiene como objetivo que desde la Carta Magna se impida el aborto, afirman: nuestro país, por desgracia, no es ajeno a esa ola de violencia que flagela a tantos pueblos, y ello motiva en primer término las propuestas que elevamos a ese honorable Congreso.

En ese contexto, se dicen preocupados por que nuestro orden jurídico, desde el rango constitucional, es omiso en garantizar el derecho a la vida no sólo de los individuos, sino también de quienes existen aun antes de que la ley los reconozca como personas.

El canal católico El Sembrador, el cual transmite a diversos países (incluido México, a través de televisión por cable), emitirá una serie de tres partes sobre educación sexual en la cual resaltará que la finalidad de las relaciones sexuales es la procreación. En dicha emisión se condena el aborto, el uso de anticonceptivos y la visión utilitaria que dan medios de comunicación al tema.

Con información de Carolina Gómez