lama la atención la opacidad y el desinterés que han acompañado el proceso de selección de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La Presidencia de la República no ha justificado de manera pormenorizada su elección de Luis Aguilar, Mario Pardo, María Luisa Martínez, Arturo Zaldívar, Eduardo Ferrer y Jorge Adame para las ternas ni ha difundido públicamente sus currículos completos. Por su parte, el Senado de la República ha declinado su obligación de auspiciar un proceso de auscultación riguroso, y no ha invitado a la sociedad a opinar respecto de la idoneidad de los candidatos. Finalmente, los medios de comunicación, grupos de vigilancia ciudadana y analistas políticos tampoco le han prestado mayor atención a este importante proceso.
A diferencia del vigoroso debate público y legislativo que rodeó los nombramientos de los nuevos titulares de la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todo parece indicar que mañana los dos nuevos ministros entrarán a la Corte de manera sigilosa, sin haber levantado mayor discusión o interés público.
No faltará quienes digan que la relativa tranquilidad del proceso es en sí misma una buena señal, que demuestra el buen tino de Felipe Calderón en la selección de los candidatos y la madurez de la clase política y de la sociedad en su conjunto a la hora de procesar los nombramientos. Pero, independientemente de las evidentes credenciales y capacidades profesionales que tienen todos los candidatos, los ciudadanos nos merecemos procesos más rigurosos y abiertos a través de los cuales podamos conocer las trayectorias, opiniones y planes de trabajo de los aspirantes. Ello también dotaría de mucha mayor legitimidad a los candidatos finalmente seleccionados.
En Estados Unidos, por ejemplo, las comparecencias de los aspirantes a la Suprema Corte son actos sumamente dinámicos en que los candidatos son duramente cuestionados por todo lo que han declarado, escrito o decidido a lo largo de sus trayectorias públicas. El actual presidente de la Corte, John Roberts, fue severamente cuestionado durante su comparecencia por su pertenencia a una red secreta de juristas conservadores. La nueva ministra Sonia Sotomayor tuvo que comparecer durante cuatro días ante el Senado y los legisladores debatieron por más de 20 horas antes de avalar su nombramiento.
En otras palabras, mientras en otros lugares la designación de un nuevo ministro es un momento histórico de grandes proporciones que merece ser debatido a fondo, en México seguimos pensando que las pasarelas simuladas son la mejor forma de dignificar
nuestras instituciones estatales.
¿Por qué Calderón se negó a incluir a Jorge Fernández Souza, apoyado por cientos de intelectuales y organizaciones de la sociedad civil, en una de las ternas que envió al Senado? ¿Cuáles son los criterios que utilizarán los senadores para seleccionar a los nuevos ministros? ¿Cuáles han sido las sentencias más relevantes que han dictado los tres candidatos que vienen del Poder Judicial? ¿Qué tipo de filosofía interpretativa emana de su actividad jurisdiccional? ¿Cuáles han sido los casos más importantes que ha litigado Arturo Zaldívar como abogado postulate? ¿Cuáles son las tesis académicas centrales que sostienen Jorge Adame y Eduardo Ferrer en su obra escrita?
La sociedad merece respuestas a cada una de estas preguntas. A los mismos candidatos también les convendría transparentar esta información, ya que se blindarían ante posibles descalificaciones futuras. El hecho de que ni siquiera contemos con elementos básicos para contestar al menos un par de las preguntas arriba señaladas habla del pobre estado que guarda la transparencia en materia judicial en el país.
El perfil de Arturo Zaldívar en particular demanda una seria discusión sobre el tema de los conflictos de interés en la impartición de justicia. De ser nombrado por el Senado, Zaldívar se convertiría en el primer ministro en la época reciente de la Corte cuya profesión principal es la de abogado postulante. Así como la llegada de José Ramón Cossío desde la academia implicó una modificación importante en la integración del pleno, Zaldívar también contribuiría a la pluralidad de la Corte.
Sin embargo, habría que evitar a toda costa que los vínculos de Zaldívar con el sector privado, como defensor de algunas de las empresas más poderosas del país, pudieran afectar su de-sempeño como juez constitucional. Su eventual nombramiento abriría la coyuntura para avanzar de manera definitiva en el fortalecimiento tanto del código de ética para los ministros como de los mecanismos institucionales de control y de transparencia de los conflictos de interés.
Un buen paso, por ejemplo, sería que todos los ministros hicieran públicas sus declaraciones patrimoniales, mandaran a un fideicomiso ciego todas sus inversiones económicas y realizaran una declaración pública de intereses y amistades personales, familiares y de negocios. Solamente de esta manera evitaríamos la captura de nuestros valiosos organismos públicos por los poderosos intereses privados que buscan avasallar los poderes constituidos por todas las vías posibles.
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