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Fiscalía para delitos de servidores públicos realizará la investigación

La paraestatal presenta denuncia penal contra quien resulte responsable
 
Periódico La Jornada
Miércoles 25 de noviembre de 2009, p. 3

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable de actos de corrupción que involucran a compañías estadunidenses. El caso quedará a cargo de la Fiscalía para Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la Procuraduría General de la República (PGR).

El abogado general de la CFE, Abel Huitrón, acudió ayer a las instalaciones de la delegación metropolitana del Ministerio Público Federal para presentar una denuncia de hechos debido a los resultados de las investigaciones que se realizan en Estados Unidos. Éstas señalan que funcionarios de la CFE recibieron sobornos de una empresa texana para otorgar contratos importantes.

La denuncia dio origen a la averiguación previa 136/2009, lo que permitirá a la fiscalía federal investigar actos que involucran a cuando menos cuatro funcionarios de la empresa mexicana que presuntamente tendrían vínculos con el empresario mexicano Fernando Maya Basurto, quien fue detenido en Dallas, Texas, acusado de cometer actos ilícitos.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre de la empresa estadunidense vinculada a estos hechos.

En Estados Unidos ha trascendido que Maya Basurto se declaró culpable de haber conspirado para pagar sobornos a funcionarios de la CFE con la finalidad de que a sus representados les otorgarán jugosos contratos sin que fueran sujetos a licitación.

La PGR confirmó que, de acuerdo con la denuncia presentada, la empresa subsidiaria de la compañía ABB en Texas tenía contratos con la CFE desde 1997, relacionados con mejoras a la red eléctrica; el acuerdo comercial alcanzó los 44 millones de dólares.

La presentación de la denuncia de la CFE se realizó días después de que las autoridades estadunidenses dieron a conocer que la Corte de Texas investiga acuerdos comerciales que implicaban actos de corrupción de funcionarios mexicanos involucrados con el llamado Centro Nacional de Control de Energía.