e ha hablado durante meses del golpe de Estado que quitó del poder al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, pero muy poco se ha hablado del reciente golpe de Estado que prolonga el poder del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, a saber por cuánto tiempo.

En Honduras, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Elecciones y la Asamblea Nacional se concertaron para avalar la destitución del presidente Zelaya, y consintieron que el ejército lo sacara violentamente del país. En Nicaragua se dio una pantomima diferente. El Consejo Supremo Electoral recibió un recurso de nulidad en contra de la Constitución sometido por el propio Ortega, pidiendo que se anulara la disposición que le impedía ser, otra vez, candidato presidencial, porque ¡la Constitución! violentaba sus derechos ciudadanos.

El Consejo Electoral remitió la solicitud a la Corte Suprema de Justicia, y los magistrados del tribunal fieles a Ortega, en una conspiración de folletín, se citaron en sesión secreta sin avisarlo a sus demás colegas, y fallaron que Ortega tenía toda la razón, y que podía ser presidente tantas veces como le viniera a bien, porque la Constitución estaba errada. El presidente del Consejo Supremo Electoral, el mismo que llevó adelante el fraude en las elecciones de noviembre del año pasado, notificado de la sentencia la declaró escrita en piedra y por tanto de ineludible cumplimiento.

No ha existido en el caso del golpe de Estado en Nicaragua, al que bien podríamos llamar un golpe silencioso, una concertación de fuerzas internacionales capaces de poner el grito al cielo de manera igual, o siquiera parecida, que en el caso del golpe de Honduras, cuando se unieron las Naciones Unidas, la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA), los países del Pacto de Río y los gobiernos del ALBA que descollaron a la cabeza, tanto así que la batuta de las protestas fue entregada al presidente Chávez.

Hoy, en el caso del golpe en Nicaragua, ha habido declaraciones de preocupación de parte de Estados Unidos, silencio sepulcral de parte de la OEA, y los gobiernos del ALBA, reunidos en Cochabamba al momento en que en Nicaragua se daba el golpe, declararon más bien su entusiasmo, seguramente porque Ortega quedaba ya en pie de igualdad con los demás presidentes del grupo para poderse relegir para siempre. ¿Qué importa tachar con burda tinta roja los artículos de la Constitución que estorban la pretensión continuista de Ortega? El socialismo del siglo XXI necesita líderes perpetuos.

La razón alegada para el golpe en contra de Zelaya fue que se quería relegir, cuando la Constitución de Honduras lo prohíbe en artículos irreformables, que por eso son llamados artículos pétreos. La razón alegada para el golpe en favor de Ortega fue que la Constitución era inconstitucional, porque le prohibía a Ortega relegirse, y ahora, la desaparición del texto constitucional del artículo maldito, que por eso fue enviado a consumirse en las llamas, ha sido declarada escrita sobre piedra. Es decir, es una desaparición pétrea. Un castigo por lapidación contra la Carta Magna por el hecho de impedir la relección.

Por encima de las normas de la Constitución Política no puede haber nada, ninguna otra norma ni ninguna otra voluntad, se sigue enseñando en las escuelas de derecho, igual que en mis tiempos de estudiante. Pero tras este golpe de Estado, queda claro que en Nicaragua, por encima de la Constitución, está ahora la voluntad de Ortega, ejecutada por sus serviciales magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Esto quiere decir que la Constitución queda expuesta a ir siendo desmontada cada vez que alguno de sus artículos se oponga a la voluntad del presidente perpetuo que, de ahora en adelante, aparentemente tendremos.

Como Ortega no consiguió los votos suficientes en la Asamblea Nacional para reformar la Constitución y poder así relegirse, como era su voluntad, recurrió al expediente ilógico, ilegal y arbitrario de hacer que sus magistrados en la Corte Suprema anularan el artículo constitucional donde se hallaba escrito el impedimento. Por esa misma vía irán cayendo los otros que no se conformen con su voluntad de gobernar no sólo para siempre, sino con todos los poderes en un solo puño. Los hechos son los que ahora hablan.

En sus discursos, Ortega ha insistido, por ejemplo, en que la existencia en Nicaragua de diversos partidos políticos solamente trae discordia y enfrentamientos y que, por tanto, debía existir un solo partido, el suyo, naturalmente. ¿Lo saben la OEA y los países que la forman, comprometidos con la Carta Democrática que establece como uno de sus principios inalienables el pluralismo? Un día de tantos los artículos de la Constitución de Nicaragua que establecen el pluralismo pueden amanecer desaparecidos y, a lo mejor, el solemne silencio con que ha sido recibida la supresión del artículo que prohíbe la relección va a repetirse.

¿No estaba ya advertido todo el mundo que Ortega se abriría, aunque fuera a la fuerza, las puertas de la relección permanente? No hace mucho, en una entrevista para la cadena Al-Jazeera, le dijo al periodista David Frost que esperaba vivir hasta los 98 años, porque venía de una familia de longevos, para quedarse todo ese tiempo en la presidencia.

Ya se ve que si al presidente Zelaya le dieron un golpe de Estado cuando sólo le faltaban pocos meses para completar su periodo, el golpe que el presidente Ortega ha dado a favor de sí mismo es mucho más ambicioso. Imaginen. Planea quedarse en el poder al menos hasta los 98 años de edad. De allí a la eternidad, sólo hay un paso.

Cambridge, noviembre 2009

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