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Sanción por no cumplir con metas de calidad en la prestación de los servicios

Multan en Brasil a empresa de Carlos Slim
 
Periódico La Jornada
Domingo 1º de noviembre de 2009, p. 23

Brasilia, 31 de octubre. La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil impuso una multa de unos 2.6 millones de dólares a tres operadoras de telefonía celular, entre ellas Claro, filial de la mexicana América Móvil, propiedad de Carlos Slim.

La sanción incluyó también a Vivo (sociedad entre la Portugal Telecom y Telefónica, de España), así como a la brasileña Oi/Brasil Telecom, por no cumplir con metas de calidad en la prestación de servicios.

La mayor multa fue para Claro, de Carlos Slim, con 2.67 millones de reales (cerca de mil 530 millones de dólares). Le siguieron la Vivo, con 1.5 millones de reales (862 mil 500 dólares) y la brasileña Oi con 405 mil 900 reales (233 mil dólares).

La decisión fue publicada el pasado viernes en el Diario Oficial nacional y establece una multa total de 4.59 millones de reales (equivalentes a 2 mil 640 millones de dólares para las tres firmas sancionadas y se refiere a las irregularidades registradas entre 2005 y 2007 y en algunos casos cometidas por empresas adquiridas posteriormente por estas nuevas gigantes de telefonía, que debieron asumir las deudas. Por ejemplo, Claro ya pagó en 2008 su parte referida a problemas de 2007.

A finales de julio el Sistema Nacional de Defensa del Consumidor, coordinado por el ministerio de Justicia, abrió procesos judiciales contra Claro y Oi/Brasil Telecom por incumplimiento de las reglas de atención al consumidor, contra quienes exigió una multa histórica de 300 millones de reales (172 millones de dólares) a cada una.

Claro y Oi propusieron hace tres meses al gobierno un acuerdo para no pagar ese valor –cien veces superior a la multa máxima prevista. De acuerdo con un informe del Departamento de Protección y Defensa del Consumidor (DPDC), publicado en el primer semestre, entre mayo de 2005 y abril de 2009, uno de cada tres brasileños efectuaron quejas ante organismos especiales por abusos y deficiencias en los servicios telefónicos.