Jesús Alfredo Silva García, juez décimosegundo de distrito en materia administrativa en la ciudad de México, desechó por notoriamente improcedente una demanda de garantías promovida por la multinacional General Electric, al considerar que ningún usuario de Luz y Fuerza del Centro está legitimado para impugnar, por la vía de amparo, el decreto presidencial de liquidación de esa empresa. De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, los únicos que pueden acreditar en una demanda de garantías que el decreto firmado por el presidente Felipe Calderón afecta su interés jurídico, son más de 40 mil trabajadores de LFC, así como su representación sindical.