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Ninguna prueba de daño al erario: PRD

Practicarán auditoría al proyecto de la Ciudad Gobierno en Zacatecas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 22 de octubre de 2009, p. 31

Zacatecas, Zac., 21 de octubre. Por unanimidad de todas las fracciones legislativas, incluida la del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Congreso local aprobó instruir a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que realice una revisión financiera integral al proyecto de prestación de servicios (PPS) que el gobierno de Amalia García Medina firmó hace dos años con la empresa L. L. Operaciones y Servicios para construir la Ciudad Gobierno que alojará 18 dependencias estatales.

La iniciativa, que instruye al órgano de fiscalización de la Legislatura estatal presentar resultados preliminares a más tardar en 20 días hábiles, fue aprobado por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, del Trabajo, PRD, Convergencia y Verde Ecologista de México.

La auditoría se concentrará en los contratos de prestación de servicios suscritos por el gobierno del estado.

Concretamente, se pide a la ASE revisar el contrato signado por la administración estatal por conducto del oficial mayor de Gobierno, Eduardo Ruiz Fierro.

La segunda cláusula del mandato legislativo ordena a la ASE incluir en la revisión tres dependencias estatales: la Contraloría Interna, la Secretaría de Obras Públicas y la Oficialía Mayor.

La fracción del PRD dijo estar de acuerdo con la intervención de la ASE, pero al mismo tiempo rechazamos que se hagan juicios anticipados y se afirme que existe una grave afectación financiera al estado, pues eso no está sustentado. Los resultados que nos presente el órgano fiscalizador determinarán nuestra opinión y actuar.

Los perredistas también rechazaron la politización del tema, que se ha tratado en forma inadecuada sin dar información fidedigna a los sectores interesados.

La empresa L. L. Operaciones y Servicios construye los edificios que albergarán la Ciudad Gobierno 18 dependencias gubernamentales, y según la oposición no se sujeta a la Ley de Obra Pública del Estado porque prácticamente subcontrató los trabajos y exigió al incluir una cláusula contractual para crear un fideicomiso que le garantice los pagos en futuras administraciones.