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Trasladan a penal nayarita a líder agrario chiapaneco
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 18 de octubre de 2009, p. 28

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 17 de octubre. José Manuel Hernández Martínez, dirigente de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), fue trasladado al penal de máxima seguridad de Nayarit y, según el subsecretario de Gobierno, Nemesio Ponce Sánchez, la medida fue por seguridad del reo.

Chema, acusado de despojo, fue detenido el 30 de septiembre en su vivienda del predio 28 de Junio del municipio de Venustiano Carranza.

Sus captores y el Ministerio Público lo interrogaron en torno a presuntos vínculos con grupos insurgentes, con integrantes de la diócesis de San Cristóbal y de organizaciones sociales defensoras de derechos humanos.

A las 16 horas del viernes, luego que sus familiares acudieron a visitarlo al penal de El Amate, donde se encontraba encarcelado, Chema fue sacado y trasladado vía aérea al penal de máxima seguridad de Nayarit.

Hoy, cuando sus parientes e integrantes de la OCEZ regresaron no lo encontraron. Horas más tarde el subsecretario general de gobierno, Nemesio Ponce, les informó del traslado.

¿No que tanto exigían por su seguridad? Pues por su propia seguridad se le trasladó al penal de máxima seguridad de Nayarit, nos dijo el subsecretario”, explicó José de la Torre.

Incluso, en tono de burla, nos ofreció boletos de avión para visitarlo en Nayarit, señalaron los familiares del detenido.

De la Torre ha sido líder del movimiento campesino en Chiapas; en 40 años ha logrado, con movilizaciones sociales, que se reconozca el derecho de propiedad de unas 5 mil hectáreas en favor de los comuneros de Venustiano Carranza. Estas acciones han ocasionado en su comunidad la muerte de unos 30 campesinos, y cárcel de un centenar.

Chema había sido encarcelado en otras dos ocasiones.

En 1984 Amnistía Internacional lo adoptó como preso de conciencia porque sus detenciones se dieron en el marco de su lucha social.

Apenas en julio pasado, José María emprendió una huelga de hambre para exigir a las autoridades la entrega de unas 200 hectáreas de tierra que le pertenecen a los miembros de su organización.