El Ejecutivo envió ayer al Senado una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objetivo de desaparecer las secretarías de la Función Pública (SFP), de la Reforma Agraria (SRA) y de Turismo (Sectur), y propone que esas funciones las asuman otras dependencias federales.

La iniciativa de modificaciones a la administración pública plantea dos cambios centrales en las facultades de la Secretaría de Hacienda: en el caso de la contratación de deuda para el Distrito Federal –actualmente el Ejecutivo fija el monto–, plantea que Hacienda proponga al Congreso de la Unión los montos de endeudamiento para el Distrito Federal, previa consideración de la propuesta que remita el jefe de Gobierno. Y le quita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la facultad de planear, coordinar, evaluar y vigilar al banco central.

Argumenta el Ejecutivo que es ineludible realizar una reorganización del sector público, buscando evitar la duplicidad de funciones y reducir costos de operación. En el contexto de una de las más severas crisis financieras y económicas a nivel nacional, se abre paso la necesidad de una restructuración administrativa como estrategia integral para racionalizar el gasto público.

En las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Ejecutivo propone desaparecer la Secretaría de la Función Pública, y que esas funciones sean trasladadas a la Presidencia de la República, toda vez que se trata de que ésta determine y vigile ciertas políticas y directrices que impactan en forma transversal a la administración pública federal.

Plantea la creación de la contraloría general de la República, como un órgano dedicado a vigilar el cumplimiento de la legalidad en el servicio público y atención oportuna de los casos específicos de corrupción.

Sugiere la separación, por un lado, de las funciones de investigación de las conductas u omisiones de los servidores públicos constitutivas de responsabilidades administrativas, y por el otro, la competencia para imponer las sanciones correspondientes.

Precisa la iniciativa que los órganos internos de control quedarían adscritos a la contraloría general de la República, por lo que corresponde a ésta nombrar a sus titulares, coordinar su actuación, homologar procedimientos, así como dictar las políticas de su actuación.

Dicha contraloría, subraya el Ejecutivo, asumirá las funciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, y las que implican la aplicación de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

La iniciativa señala que pasarían directamente a la Presidencia de la República las funciones de dictar las políticas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas. Otra función que implica una acción centralizada directamente desde la Presidencia tiene que ver con  el establecimiento de políticas en materia de gobierno electrónico.

También se plantea que lo que se refiere a la administración del patrimonio inmobiliario federal pase a la Secretaría de Hacienda, de la misma forma que lo que se refiera a la organización y dirección del Servicio Profesional de Carrera.

En el caso de la Reforma Agraria, el Ejecutivo solicita que las funciones de esa dependencia se transfieran a la de Desarrollo Social. La propuesta es congruente, puesto que la Secretaría de Desarrollo Social tiene competencia en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, y ejecuta programas para sectores sociales desprotegidos.

Asimismo, propone desaparecer la Secretaría de Turismo y que sus funciones se trasladen a la de Economía, porque es la encargada de conducir las políticas generales de industria, comercio exterior e interior y atraer la inversión extranjera; de ahí la plena compatibilidad con el turismo. La nueva instancia se  denominaría secretaría de economía y turismo. Lo anterior, con la excepción del organismo Ángeles Verdes, dependiente hoy de la Sectur, que se transferiría a la Secretaría de Comunicaciones. El decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.