El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó para este jueves la discusión sobre la constitucionalidad del llamado Plan Sonora Proyecta, que consiste en la bursatilización de los ingresos públicos de esa entidad, pero no reconoce que los fondos empeñados a futuro sean deuda pública.

Después de una petición del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano de que se dejara la lectura del proyecto de dictamen para después, por encontrarse un poco fatigado, el presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, declaró que el estado de fatiga era unánime y convocó a sesión para mañana, cuando faltaban 20 minutos para que terminara la sesión.

El proyecto elaborado por José de Jesús Gudiño Pelayo, que, trascendió, cuenta con el apoyo de la mayoría del pleno, declara la inconstitucionalidad del esquema de bursatilización propuesto por el gobernador Eduardo Bours en sus partes fundamentales.

Según información obtenida en la Suprema Corte, Gudiño plantea que el programa sonorense es ilícito, porque es inaceptable que los fondos estatales invertidos en la bursatilización no sean considerados deuda pública, ya que ello impide la fiscalización de dichos recursos.

Otro aspecto medular es que el programa de Bours pretende comprometer impuestos estatales a largo plazo, cuando es potestad del Congreso local determinar cada año el destino de los ingresos obtenidos vía gravámenes; es decir, el gobernador invadió atribuciones legislativas.