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El gobierno sinaloense incumple promesas, dicen

Desplazados por la presa Picachos exigen agua potable
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 4 de agosto de 2009, p. 29

Mazatlán, Sin., 3 de agosto. Habitantes de las comunidades de los municipios de Mazatlán y Concordia que serán inundadas por la presa Picachos bloquearon este lunes, durante ocho horas, los accesos a las entradas del parque industrial Alfredo Bonfil, y las oficinas de recaudación de rentas en este puerto, para reclamar al gobierno estatal agua potable para los nuevos pueblos adonde serán reubicados.

Con la movilización, los desplazados exigieron el servicio al gobernador Jesús Aguilar Padilla, quien la semana pasada, mediante una comisión de diputados locales, ofreció apoyos para las cerca de 800 nuevas viviendas que remplazarán a las perdidas por la presa.

Los dirigentes de los inconformes, Octavio Atilano Román y María del Rosario Páez, acusaron incumplimiento de la palabra del mandatario. También se quejaron de no recibir respuesta a la petición de servicios públicos el pasado 31 de julio, fecha comprometida por el coordinador de proyectos especiales del gobierno estatal, Gustavo Guerrero.

La legisladora local por el PRD, Graciela Domínguez Nava, y el presidente del Congreso de Sinaloa, Eligio Medina Ríos, recorrieron los nuevos pueblos el viernes pasado, y recibieron quejas de sus habitantes por la deficiencia de servicios, principalmente del agua potable.

Domínguez Nava consideró que no hay seriedad en las promesas ofrecidas por el gobernador a los afectados por la presa Picachos. Eligio Medina consideró que las quejas expuestas por 12 familias que se niegan a salirse del pueblo Las Iguanas, municipio de Concordia, es un acto desesperado y justo, debido a que no han recibido indemnizaciones por sus propiedades, por lo que buscará acelerar el proceso de liquidación y reacomodo de esas personas a los nuevos pueblos.

De su lado, el presidente municipal de Mazatlán, Jorge Abel López Sánchez, se ofreció a fungir como intermediario ante los legisladores y funcionarios del gobierno estatal, para que se dé solución inmediata a las demandas de los desplazados por el embalse.