Por detectarse cultivos ilícitos y otras irregularidades en la entrega de los subsidios del Procampo, hay 11 mil 587 cancelaciones a particulares, explicó el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez, pero no precisó la ubicación y superficie, debido a que algunos de los beneficiarios impugnaron la determinación.

Acompañado por el director jurídico de la institución, Rodolfo González Muñoz, y la directora de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, Graciela Aguilar, el titular de Sagarpa puntualizó que se destinarán 400 millones de pesos para depurar el padrón del programa más importante de apoyo a los productores, proceso que terminará el próximo año.

En conferencia de prensa y a la pregunta de si es ético que los funcionarios públicos o sus familiares reciban los beneficios de dicho programa –orientado fundamentalmente a respaldar a los agricultores más pobres del país para la producción de alimentos– Cárdenas Jiménez dijo que al asumir la responsabilidad de Sagarpa acordó que su madre, Margarita Jiménez, dejara de recibir dicho subsidio. No hago ningún llamado a los servidores públicos para que ellos o sus familias dejen de recibir el subsidio.

Luego de mencionar que durante los primeros 12 años de vigencia del Procampo –creado en 1994, tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte– no fue dado a conocer públicamente, aseguró que la determinación del gobierno es no perder la línea de la legalidad y sostuvo que el programa será sujeto a cambios de fondo y forma para hacer más parejo el reparto, en eso no habrá miramientos para nadie.

Rodolfo González Muñoz puntualizó que del total de las cancelaciones –realizadas hasta junio de este año– 5 mil 439 se realizaron por procedimientos irregulares y en ellos están incluidos los cultivos ilícitos, mil 576 corresponden a autoexclusiones y 5 mil 125 por caducidad de procedimientos. Explicó que la responsabilidad penal es personal y no se extiende a familiares, suponer que si una persona comete un delito es prudente o necesario privar de un beneficio a sus familiares, eso es plantear un nuevo marco jurídico penal.

Cárdenas Jiménez aseguró que con imágenes satelitales y vigilancia mediante los 750 centros de apoyo al desarrollo rural hay una supervisión para que los beneficiarios del Procampo cumplan con la normatividad y evitar algún cultivo ilegal en las 14.1 millones de hectáreas que abarca el programa que beneficia a 2.2 millones de productores de autoconsumo y 650 mil poseedores de más de cinco hectáreas.