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Destituyó ilegalmente a síndica y regidores del cabildo en 2008

Inhabilitan a edil tricolor de Cerritos, SLP
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 27 de junio de 2009, p. 29

San Luis Potosí, SLP, 26 de junio. El Congreso local finalmente notificó la destitución e inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos a Salvador Martínez Sifuentes, alcalde priísta del municipio de Cerritos, por cesar a la síndica y los regidores del ayuntamiento en un acto violatorio de la Constitución estatal.

El dictamen se aprobó la semana pasada, pero la sanción estuvo suspendida por la controversia constitucional que promovió el edil ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual fue recién sobreseída en una resolución que dejó el camino libre al Congreso, dentro de la crisis política iniciada en agosto de 2008 en el municipio.

La Comisión Jurisdiccional encargada del juicio político al alcalde se reunió con los regidores María Cleotilde Acuña Rodríguez, Margarita Huerta García, Francisco Medina Monroy, Leticia Ríos Martínez, Alfredo Cárdenas Gutiérrez y la síndica Sandra Noemí Avitua Ruiz (destituidos por Martínez Sifuentes), quienes volvieron hoy a sus cargos y elegirán alcalde interino.

En septiembre de 2008 los regidores y la funcionaria promovieron el juicio político contra Martínez Sifuentes por destituirlos con el argumento de que no acudían a las sesiones ni cumplían sus responsabilidades dentro del cabildo.

Tras varios meses de desahogo de pruebas, el pasado jueves 18 de junio los legisladores basados en los artículos 126 y 57 de la Constitución Política, sexto de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 21 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado– resolvieron la destitución del munícipe. La medida no pudo ejecutarse de inmediato, porque obtuvo una suspensión, pero finalmente no impidió los efectos del juicio político.

El diputado panista Luis Manuel Calzada Macías aseguró que la destitución del priísta corresponde a la ley, y sostuvo que serán sancionados todos los servidores públicos que la violenten.