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En 2006 afirmó que prefería caer en corrupción antes que pagar con la vida de un hijo

Elizondo, dispuesto a negociar con criminales
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 27 de junio de 2009, p. 29

Monterrey, NL, 26 de junio. Hace más de dos años, al reflexionar sobre los riesgos, amenazas y tentaciones que asedian a los servidores públicos al enfrentar al crimen organizado, el panista Fernando Elizondo Barragán, entonces senador y hoy aspirante a la gubernatura, señaló que estaría dispuesto a negociar con ellos antes que arriesgar su vida o la de un hijo.

Yo no sé ustedes, si a mí me ponen de precio un hijo, yo no lo pago, voy a caer en la corrupción, señaló en un video sobre el acto al que acudieron más de cien estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Era el 17 de noviembre de 2006, cuando en representación del PAN acudió como senador al foro regional de parlamentarios Prioridades de la agenda legislativa, realizado en la biblioteca magna de la UANL, donde también participaron Alberto Anaya Gutiérrez y Eloy Cantú Segovia en representación del Partido del Trabajo y el PRI.

Elizondo Barragán dijo que en materia de seguridad, efectivamente el crimen, la impunidad y todos estos fenómenos están muy vinculados con la corrupción, y tenemos ésta tan penetrada en nuestros órganos de policía, de procuración y de administración de justicia, pues las fuerzas del mal son muy poderosas en términos económicos y de violencia.

De acuerdo con el documental, en poder de La Jornada, agregó: “yo no quiero saber quién de ustedes, si fuera juez, Ministerio Público o policía, si le llegan tres sicarios detenidos, por ejemplo, y se presenta un individuo que les dice: ‘si tú dictas una orden de aprehensión contra éstos o una sentencia contraria, o lo que sea, te mueres tú o se mueren tus hijos’. ¿Y qué hace, el funcionario?...

Yo no sé ustedes, pero si a mí me ponen de precio un hijo, yo no lo pago, prefiero caer en la corrupción, asentaba el hoy candidato panista a gobernador de Nuevo León.

Sus declaraciones se produjeron en un contexto de creciente violencia en la entidad, con 46 ejecutados en 11 meses, entre ellos cinco mandos policiacos, como el coordinador de la policía municipal de San Nicolás de los Garza, Humberto Chávez Valero, quien apenas cuatro días antes había sido ejecutado a balazos al salir de su domicilio en supuesta represalia por la detención de tres sicarios de los Zetas.