Lima, 14 de junio. Comunidades indígenas de tres departamentos de Perú mantienen bloqueados algunos tramos carreteros y un aeropuerto en el norte, el centro y el sur del país en solidaridad con las etnias que desde abril reclaman al gobierno del presidente Alan García realizar consultas sobre la explotación de recursos energéticos en la Amazonia peruana.

Campesinos del departamento de Apurímac, en la zona surcentral de Perú, bloquean desde hace tres días las carreteras que comunican con el vecino departamento Ayacucho y mantienen tomado el principal aeropuerto de la zona.

En el departamento de Junín, en la región central, miles de indígenas mantienen cortada desde hace cuatro días la carretera que comunica las regiones provinciales de Chanchamayo y Tarma, en la zona donde confluyen la selva amazónica y la cordillera de los Andes, lo que genera problemas de desabasto.

Dirigentes indígenas de Chanchamayo tratan de extender a esta zona del departamento de Junín la huelga india que se cumple desde hace 66 días en la región amazónica, en el noreste del país.

También hay bloqueos en la provincia Canchis, en la parte andina del departamento Cusco.

La situación más crítica se presenta todavía en la carretera entre las ciudades de Tarapoto y Yurimaguas, dos de las más importantes de la Amazonia.

En este punto hay alrededor de 4 mil indígenas apostados sobre el camino y existe temor de que la policía nacional intente desalojar a los manifestantes, como ocurrió el 5 de junio en la vecina zona de Bagua Grande y Bagua Chica, con saldo de 33 muertos, 24 agentes y nueve civiles, según información oficial.

Suspensión parcial

El presidente del consejo de ministros, Yehude Simon, trata de allanar el camino al diálogo con participación de la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Peruana, pero por lo pronto la alcaldesa de la provincia Alto Amazonas, donde está Yurimaguas, Juanita Tuesta, dijo que los pueblos originarios de la zona aceptaron suspender el bloqueo de caminos los lunes y los viernes.

Alan García informó hoy que Simon viajará este lunes a la Amazonia a convencer a los jefes de las etnias de 10 comunidades nativas de que participen en una mesa de diálogo.

Los nativos aseguran que los decretos, emitidos por el gobierno central bajo facultades extraordinarias para adecuar las leyes al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, vulneran sus derechos para favorecer a las trasnacionales.

En un comunicado fechado el jueves pasado, el gobierno afirmó que la nueva legislación, suspendida por acuerdo de las fuerzas políticas nacionales, tiene el objetivo de impedir la destrucción que vienen perpetrando contra el bosque amazónico los mineros informales que contaminan con mercurio los ríos, los sembradores ilegales de coca y quienes practican la tala ilegal y el contrabando de madera, que han acabado con más de 10 millones de hectáreas en los últimos años.

“El gobierno –agregó– impulsó una legislación moderna que respeta la intangibilidad de 12 millones de hectáreas propiedad de los 320 mil nativos de las etnias amazónicas y de los otros 15 millones de hectáreas de santuarios naturales. Pero movimientos políticos extremistas difundieron entre los nativos que se les arrebatarían las tierras, y ello motivó la toma de carreteras y plantas productivas.”

En respuesta a declaraciones hechas el sábado por el presidente de Bolivia, Evo Morales, de que los hechos violentos del 5 de junio constituyen un genocidio del Tratado de Libre Comercio, García aseveró que cada uno gobierna dentro de su país y lo mejor es no meterse dentro de otro país a opinar sobre el tema o enviar cartas y a veces gente preparada o armada.

Las cartas a que aludió García se refieren a un mensaje que Morales remitió a un encuentro internacional indígena celebrado el mes pasado en la localidad peruana de Puno –en la costa del lago Titicaca–, en la que expresó su apoyo a las rebeliones indias.