Economía
Ver día anteriorJueves 11 de junio de 2009Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio

Si no logra la suspensión definitiva se acudirá al presidente Calderón, advierte su director

Sacar a Aviacsa del aire es para beneficiar a otro que aún no vuela

Ninguna de las fallas que la SCT dice haber encontrado arriesga la aeronavegabilidad, asegura

Inspectores de la DGCA sólo aprietan botones, no están entrenados en los aviones, afirma

Foto
Vista parcial de los talleres de mantenimiento de Aviacsa en el aeropuerto internacional de la ciudad de MéxicoFoto José Carlo González
 
Periódico La Jornada
Jueves 11 de junio de 2009, p. 32

Aviacsa pierde a diario unos 4 millones de pesos, vuela con 40 por ciento de lugares ocupados y sus reservaciones cayeron 50 por ciento a raíz de que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGCA) la declaró una empresa insegura.

Sin conocer todavía el fallo del juzgado quinto de distrito, radicado en Ciudad Valles, San Luis Potosí, el director general de la aerolínea, Eduardo Morales, dijo luego de un recorrido por los talleres de la empresa en la ciudad de México, que si el juez Felipe Sifuentes Servín no le otorga la suspensión definitiva, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) insiste en sacarlos del mercado, acudirá al presidente Felipe Calderón, porque no hay duda de que al sacarnos del aire quieren beneficiar a otro que todavía no vuela en México.

Junto con su equipo técnico y jurídico señaló que de las 280 fallas que la SCT asegura que encontró en sus aviones, ninguna pone en riesgo la aeronavegabilidad. Precisó que los señalamientos de la DGCA no son ridículos, lo ridículo es que hayan parado a toda la aerolínea que opera bien, y que la suspendan porque no les gusta la intensidad de la luz, que los asientos se reclinen más o menos, aunque no hayan encontrado una sola falla en motores.

Mientras, la directora jurídica de la empresa, Haydeé Córdoba, dijo que quienes poseen boletos de Aviacsa tendrán por lo menos tres mecanismos para hacerlos válidos junto con cortesías para acompañantes, o recuperar su dinero, lo cual se está concretando en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor.

Eduardo Morales sostuvo que en Aviacsa nunca ha habido un accidente, que trabaja con dinero lícito, es una empresa en la que su planta laboral ha salido a rifársela conmigo como ninguno, que está haciendo algo bien porque en abril y mayo a pesar de la influenza estaba ganando dinero, pero que no ha podido concretar el ingreso de por lo menos 10 inversionistas porque cada vez que estamos apunto de firmar corre el rumor de que nos van a bajar.

Advirtió que si la resolución del juez en cuanto a la suspensión definitiva les es adversa, el jurídico de Aviacsa tendrá que preparar una nueva estrategia, pero si nos conceden la suspensión definitiva y aún así la DGCA insiste en suspendernos tendrá que ser con puros inventos y tendremos que poner en marcha el plan B, que es ir directamente con el presidente Felipe Calderón.

Durante el recorrido por el taller de motores –que en el país sólo tiene Aviacsa y a través del cual ha vendido servicios a entidades gubernamentales–, así como por las instalaciones de talleres para trenes de aterrizaje, frenos y llantas, el director de Operaciones de la aerolínea, Miguel Angel Cisneros, dijo que el problema con los inspectores de la DGCA es que no están entrenados en los aviones, sus inspecciones consisten en llegar a apretar botones.

Detalló que entre las 280 fallas que les marcó la DGCA figuran varios focos fundidos, uno de tres en la bahía de aire acondicionado –que se revisa cada 20 días–, y que se cambió al momento de la inspección; un golpe en el fuselaje que está abajo de la puerta de un avión que ahí se va a quedar toda la vida, y detalles como que algún asiento se inclina más o menos que otros. La inspección se hizo sin instrumentos, indicó.

Cisneros expuso que los inspectores de la DGCA quieren los cables a la izquierda cuando todas las pinzas enredan a la derecha; pidieron que las cabezas de los tornillos vayan de un lado cuando el manual de la empresa que construyó los aviones indica que debe ir del lado contrario; son observaciones ridículas.

Detalló que le taller de motores de Aviacsa fue autorizado y certificado por la DGCA y también por la Federal Aviation Administration (FAA). La aerolínea está certificada por uno de los instructores más reconocidos por la DGCA, y quien entrena a su personal, Ramón Barrera, de Airworthiness Consultant Services. Además el Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica envió una carta al presidente Calderón en la que manifiesta su preocupación por las plazas de trabajo en riesgo y donde destaca que la empresa garantiza la seguridad de sus operaciones.

La directora jurídica de la compañía, Haydeé Córdoba, señaló que se espera en cualquier momento la resolución del juez, y destacó que si no concede la suspensión definitiva todavía hay posibilidades de ganar el amparo. Reconoció que si la decisión del juez les es adversa en materia de suspensión la DGCA podría bajarlos del aire nuevamente, pero confiamos en la disposición de Héctor González Weeks, su titular, para reiniciar la revisión de aparatos.

Detalló que los clientes de Aviacsa tienen hasta el 30 de junio para decidir si quieren hacer uso de su boleto y obtener uno gratis para un acompañante, quien sólo tendrá que pagar el impuesto por uso aeroportuario (TUA) y la cuota por equipaje. Asimismo puede obtener un certificado para usar su boleto a más tardar en un año, o si prefiere recuperar su dinero.

Fallas en el manejo legal

Aviacsa es sólo un ejemplo de las complicaciones legales en las que se ha involucrado la SCT en los últimos meses, con Gerardo Sánchez Henkel como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia. A éste le antecede el caso por espionaje que inició en contra de la ex subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro, y el más reciente que le costará a la secretaría alrededor de mil 500 millones de pesos, los cuales deberá entregar a dos grupos de ejidatarios defendidos el despecho de los abogados Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia.

El reclamo de los ejidatarios es por 9 mil 595 hectáreas, donde desde 1981 se ha desarrollado el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas. Los defendidos de Fernández y Lozano obtuvieron un amparo de un tribunal federal, que además de ordenar el pago deja en el limbo la operación del puerto Altamira.

Hace unas semanas el jurídico de la SCT despidió a 15 abogados que presuntamente actuaron de forma inapropiada en otro caso, los cuales formaban parte de una plantilla de 150 que tienen a su cargo decenas de litigios.