El uso de recursos públicos en los fideicomisos constituidos por el gobierno federal abre la posibilidad de que se revise la forma en que operan y gastan dichos fondos, aseguraron ayer expertos, un día después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que en 2007 el Ejecutivo federal realizó 28 transferencias, que no se han explicado, a este tipo de entidades.

El jueves pasado, la ASF aseguró que en 2007 el gobierno federal no gastó 120 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación, al tiempo que se reportaron subejercicios en áreas como seguridad pública, infraestructura o desarrollo social. Según la Auditoría, una parte de esos recursos se destinó a fideicomisos. De acuerdo con el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados, en 2007 hubo 28 transferencias multimillonarias a distintos fideicomisos que no ha explicado el Ejecutivo.

Por el hecho de ser constituidos con dinero de los contribuyentes, dichas figuras que opera el gobierno federal están sujetos a la normatividad de supervisión de recursos públicos, comentó ayer Héctor Velázquez, especialista en fideicomisos públicos de TM Sourcing, empresa especializada en la constitución y administración de dichas organizaciones.

En la legislación que rige los fideicomisos existe la figura del secreto fiduciario que, de manera análoga a lo que ocurre en el sistema financiero con el secreto bancario, protege del escrutinio los datos relacionados con su operación. A menudo, esta figura ha sido usada por el Ejecutivo federal para no dar información que es solicitada por legisladores o medios de comunicación.

El especialista mencionó que existen mecanismos de control de los recursos en los fideicomisos que constituye el gobierno federal y que son administrados por instituciones financieras, la mayoría por Nacional Financiera y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Hay otra opción para los legisladores y el público interesados en la forma en que se gastan los fondos de los contribuyentes en fideicomisos, y es –dijo– por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, por la cual se pueden solicitar datos específicos sobre el uso de recursos en este tipo de entidades.

En México se prohíben los llamados fideicomisos secretos, que simulan operaciones, explicó Sergio Chagoya, abogado del despacho Santamarina y Steta. Por ley, los fideicomisos en México deben hacer lo que sus documentos constitutivos señalan como objeto, y el banco, que es el que administra los recursos, se obliga a cumplir dicha disposición. Y esto vale tanto para los fideicomisos públicos como para los privados, mencionó.