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El gobierno estatal los separa de sus cargos para enfrentar procesos

Investigarán a funcionarios de Tabasco por delitos electorales
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 22 de abril de 2009, p. 37

Villahermosa, Tab., 21 de abril. El gobierno de Tabasco ordenó separar temporalmente de sus cargos a los servidores públicos Luis Enrique Ávalos Izquierdo, Uriel de la Cruz Fuentes, Antonio Jiménez Jiménez y Manasés Ávalos Jiménez, quienes laboraban en la Unidad de Atención Social del Estado (USE) –conocida también como Casa de Gobierno— del municipio de Jalpa de Méndez, luego que los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia aseguraron que desde esas oficinas los funcionarios apoyaban a Nicolás Bellizia Aboaf, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputado federal por el quinto distrito.

La administración estatal respondió en un comunicado a las grabaciones que los partidos opositores al PRI presentaron el lunes, en las cuales los citados funcionarios habrían puesto programas de gobierno a disposición de Nicolás Bellizia.

El documento señala que los burócratas no podrán retomar sus funciones hasta que concluyan las investigaciones. El gobierno del estado es absolutamente respetuoso de la ley, por lo que no permitirá que se utilicen recursos del erario para campañas federales ni locales, y reitera en todo momento su pleno apego al estado de derecho.

El diputado local José Antonio de la Vega Asmitia, del Partido Acción Nacional (PAN) propuso en la sesión de hoy en el Congreso de Tabasco un punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar al gobernador Andrés Granier Melo a suspender de forma inmediata las actividades de las USE en los 17 municipios del estado. Sin embargo, la bancada del PRI impuso su mayoría y la propuesta del panista fue enviada a comisiones.

Georgina Trujillo, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, descartó que las autoridades electorales vayan a suspender el registro a Bellizia Aboaf debido a las grabaciones que PRD y Convergencia presentaron. La también diputada estatal sostuvo que no hay evidencias de que hubiera irregularidades, pues una denuncia no es prueba.