Para evitar que los recursos destinados a la enseñanza pública y los servicios educativos se utilicen con fines de propaganda política o electoral, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley General de Educación. La iniciativa plantea que las instalaciones escolares deben ser preservadas de cualquier tipo de identificación o dependencia política y electoral.

El dictamen de la iniciativa, presentada por el diputado Ariel Castillo, de Nueva Alianza, señala que sin ese aspecto no es posible dar a los niños la educación de trascendencia que plantea la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificada por México.

Por ello, se pretende prohibir que los centros escolares sean sede u objeto de propaganda electoral, incluida subliminal o disfrazada, que consiste en pintar los planteles con los colores que claramente identifican a algún partido político o a un gobierno.

Indica que es obligación del Estado observar su rectoría en las políticas de enseñanza y garantizar el cumplimiento de la Ley General de Educación, entre otros aspectos.