Tuxtla Gutiérrez, Chis., 27 de marzo. Días después de que el gobierno estatal persuadió a los familiares de los presos de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) de levantar el plantón que tenían en el parque central de esta capital para exigir la libertad de sus familiares, el juez tercero del ramo penal ratificó la sentencia de 37.5 años de prisión al líder del grupo, Ángel Hidalgo Espinosa.

El activista, junto otros cuatro militantes de la Ocez, todos integrantes de la organización Casa del Pueblo, fueron detenidos en 2001 acusados del asesinato de labriegos priístas de la Alianza San Bartolomé de Los Llanos, organización con la que se disputan cientos de hectáreas del municipio de Venustiano Carranza.

Según han denunciado, el proceso judicial tuvo irregularidades, pues el único testigo fue un adolescente mudo que dio a entender que al momento de la muerte de los priístas vio a un grupo de hombres encapuchados y entre ellos iban los ahora detenidos.

Desde 2001 los militantes de la OCEZ y familiares de los detenidos han exigido la revisión de los expedientes. La última fue mediante un plantón que mantuvieron en esta capital hasta el martes pasado, cuando se retiraron ante la amenaza del gobernador Juan Sabines de suspender la revisión de los legajos. Un día después le fue ratificada la sentencia al líder de la organización.

Detienen a esposa de reo

Presuntos policías ministeriales detuvieron hoy a Laura Ruiz Pérez, esposa del recluso Hermilio Castro Rangel, quien se encuentra en ayuno con otros presos en el penal de El Amate, con el propósito de exigir su libertad. Ninguno de ellos milita en organizaciones sociales o políticas.

La mujer participaba en el plantón de familiares de otros cuatro reclusos afuera de palacio de gobierno, en Tuxtla Gutiérrez, para exigir la libertad de los detenidos en 2001, acusados de dar muerte a Alejandro Pastrana, en aquel entonces fiscal de la Procuraduría General de Justicia.

Según los manifestantes, Laura Ruiz fue detenida en el parque central y subida a un automóvil sin placas. Logró hacer una llamada telefónica a otra de las mujeres del plantón, a quien le dijo que sus captores se identificaron como policías ministeriales y que iba a ser llevada a la Procuraduría de Justicia estatal.

Cuando los familiares acudieron a la procuraduría les fue negada información sobre el paradero o la situación jurídica de la mujer.