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El tricolor critica políticas del gobierno federal, por su ineficiencia en el combate al narco

PRI-Guerrero solicita a procuraduría estatal protección para ocho alcaldes amenazados

Demanda también operativos de vigilancia en actos de campaña del próximo proceso electoral

Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 7 de marzo de 2009, p. 25

Chilpancingo, Gro., 6 de marzo. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitó a la Procuraduría General de Justicia del estado protección para al menos ocho alcaldes que dijeron haber recibido amenazas de muerte de parte de grupos de la delincuencia organizada.

Marco Antonio Leyva Mena, dirigente estatal priísta, dijo que la solicitud formal la hará la próxima semana al procurador Eduardo Murueta Urrutia, y “también le vamos a pedir que para el próximo proceso electoral para diputados federales se implementen operativos de vigilancia durante los actos de campaña, en un horario desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche”.

Advirtió que debido a la violencia está en riesgo el proceso electoral, y deslindó a los aspirantes del PRI a diputados de cualquier nexo con el narcotráfico y con la delincuencia organizada. Recordó que desde su registro, los precandidatos priístas firmaron un acuerdo en el cual ratificaron que su ejercicio político no está fuera de la legalidad, pero si por alguna causa se demostrara todo lo contrario, el partido tendría todas las facultades a su alcance para analizar su destitución.

Detalló que los alcaldes priístas amenazados son: Alejandro Bravo Abarca, de Zihuatanejo; Jorge Luis Solchaga Martínez, de La Unión; Albino Lacunza Santos, de Petatlán, y Nadín Torralba Mejía, de Tecpan de Galeana.

Asimismo, Raymundo Flores Castañeda, de Ajuchitlán del Progreso; Egdy Julián Gómez, de San Miguel Totolapan, y Raúl Ríos Núñez, de Zirándaro de los Chávez.

Dijo que mención especial merece el alcalde de Ayutla de los Libres, Armando García Rendón, quien también denunció que fue amenazado de muerte.

El dirigente arremetió contra las políticas del gobierno federal, que “han sido ineficientes en el combate al narco en el país, y en el caso de Guerrero y otras entidades estamos en un ‘estado de sitio’”.

Por todos lados –dijo– se ven soldados: “en la Costa Grande, Iguala, la Tierra Caliente y Montaña, y sin duda esa presencia puede inhibir la participación de la ciudadanía en la contienda electoral del próximo mes de julio.

Se vive un clima de militarización intensa y el PRD (Partido de la Revolución Democrática, que gobierna el estado) valida esta situación y mantiene la boca cerrada; sería muy lamentable que hubiera muertos en la contienda electoral para designar a los diputados, concluyó.