LA JORNADA ECOLOGICA

En torno a disposiciones legales recientes

Horacio de la Cueva
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Fulmar norteño (Fulmarus glacialis) está restringido al Hemisferio Norte, en contraste con el origen sureño de la mayoría de las pardelas y petreles. Durante los últimos dos siglos, el número de fulmares ha aumentado en gran cantidad y ahora anidan por millones en los océanos Pacífico y Atlántico, pero los visitantes a México están restringidos al Pacífico Foto: Matt Sadowski

El 30 de noviembre de 2006 se publicó el Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. La Ley General de Vida Silvestre, su Reglamento y las normas oficiales son los instrumentos legales que regulan la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y nuestras interacciones, para poder obtener un beneficio económico y, al mismo tiempo, lograr un desarrollo sustentable. Comentaremos aquí brevemente algunos problemas que dicha legislación hubiera evitado, si la hubieran sometido a una revisión amplia por parte de los sectores académicos y productivos, las asociaciones civiles vinculadas con el tema, las comunidades y demás personas interesadas.

Pero ocurre que el nuevo gobierno ha demostrado descuido y desdén hacia la vida silvestre. Además, está prejuiciado por una perspectiva empresarial que ve a la naturaleza como una mercancía para consumo inmediato más que como una fuente permanente de empleo y riqueza.

Bajo estas circunstancias, el Reglamento puede ser un instrumento que cede el control de la vida silvestre a empresarios excluyendo a los interesados en que su uso sea sustentable, lo que conlleva protección y conservación.

La participación social es el primer componente del Reglamento. Esto pudiera implicar la preocupación del gobierno sobre la importancia de la interacción de la sociedad con la naturaleza y del conocimiento tradicional, científico y técnico que existe fuera de las esferas burocráticas. Sin embargo, hay razones para pensar que esta participación social puede corromperse por varios motivos. Cito algunos de peso.

Uno, la responsabilidad del Estado es proteger los bienes nacionales, pero esa tarea se diluye en los comités consultivos. Estos comités son presididos por la Secretaría del Medio Ambiente, Semarnat, y se encuentran conformados por un representante de cada una de las dependencias de la Administración Pública Federal involucrada en el asunto y por solamente un representante académico, uno de productores o empresarios y uno de asociaciones civiles. Pero no se le dio un lugar, una representación, a las comunidades que comparten el ambiente con la vida silvestre.

Aunque en última instancia, la Semarnat es la última responsable del guisado que surge de los comités, siempre puede decir que fue una decisión que tomó en cuenta las opiniones del comité.

Dos, al no existir claridad sobre cómo se conformarán estos comités, es posible que un grupo con intereses bien concretos y hasta alejados de la conservación (por ejemplo los "desarrolladores" de complejos turísticos o urbanos, las organizaciones cinegéticas o los promotores del uso de los vehículos llamados "todo terreno"), dominar uno o varios de estos comités e imponer sus intereses por arriba de la conservación de la vida silvestre, el bienestar de las comunidades y el buen funcionamiento de los ecosistemas.

Sin un compromiso del gobierno para invertir adecuadamente en la protección, la investigación y la conservación de la vida silvestre, la legislación ambiental se convierte en una lista de buenos deseos que desaparecen a medida que descuidamos la vida silvestre.

Por eso, una vez más debemos exigir a las autoridades que protejan, como es su responsabilidad, la biodiversidad nacional y garanticen que nuestra riqueza natural beneficie a las comunidades y no a intereses privados que, a veces, ocultan sus intenciones con falsas declaraciones de amor a la naturaleza y a la necesidad de utilizar los recursos con espíritu de sustentabilidad.