El Pentágono financia 57% de la asistencia bélica en AL, según organismos especializados
Política militar de EU desecha 40 años de legislación sobre derechos humanos
Los programas militares de Estados Unidos están borrando la línea existente entre las funciones militares y civiles, tanto en Latinoamérica como en la propia política exterior estadunidense en el mundo: 57 por ciento de la asistencia militar hacia América Latina (AL) es financiada por el Pentágono, fuera del presupuesto para asistencia extranjera del Departamento de Estado.
Tres organizaciones de derechos humanos con sede en Washington advirtieron que dichos cambios están convirtiendo en irrelevantes 40 años de legislación sobre derechos humanos y democracia. Se trata de WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos); el Centro para Política Internacional (CIP), y el Fondo de Educación del Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWGEF, por sus siglas en inglés), que produjeron esta semana un estudio denominado Borrando las divisiones, sobre la situación actual de la asistencia militar de Estados Unidos en el sur de su frontera.
En él, advirtieron que, inclusive, el ejército estadunidense juega un papel cada vez mayor en su propio territorio, al diseñar y administrar la asistencia extranjera. "Los programas de asistencia militar están siendo transferidos al presupuesto del Pentágono, donde gozan de menos transparencia y supervisión civil, y donde no se rigen por lineamientos de derechos humanos y democracia", advirtieron.
Además, señalaron que existen varias tendencias "perturbadoras" que pintan "un panorama problemático: las líneas que separan las funciones militares de las civiles, firmemente trazadas por muchos gobiernos latinoamericanos después de décadas de conflicto y dictaduras militares, están siendo borradas tanto en la política de Estados Unidos como de la región". Los organismos defensores de derechos humanos consideran que estos cambios se deben a la aplicación de doctrinas de "seguridad" a una amplia variedad de problemas sociales y a obstáculos que enfrenta la gobernabilidad.
Las tendencias documentadas por Borrando las divisiones incluyen, primero, la modificación que está imponiendo la Casa Blanca sobre las reglas para definir la forma en que los programas de asistencia militar se diseñan e implementan. "Este año el Pentágono intentó asumir aún más autoridad para entrenar y equipar a fuerzas extranjeras. Esto significa, por un lado, que el Departamento de Estado pierde control de estas riesgosas herramientas de política exterior y, por otro, que el Congreso está ejerciendo muy poca supervisión sobre esos fondos". Además, esos cambios tienen lugar sin ningún debate público.
En segundo lugar, las fuerzas armadas estadunidenses han tenido acercamientos a un nuevo nivel sobre una variedad de problemas regionales que no son de naturaleza militar. Ahora, expertos y funcionarios de la defensa estadunidense observan como "amenazas de seguridad" una amplia variedad de fenómenos que no ameritan una respuesta militar, desde pandillas juveniles, tipo la Mara Salvatrucha, hasta movimientos populistas, e inclusive el narcotráfico. "En vez de ayudar a Latinoamérica a enfrentar estos problemas mediante la promoción del desarrollo económico y el fortalecimiento de las instituciones civiles, la asistencia militar a la región se ha multiplicado desde 1990, mientras que la asistencia económica se ha estancado", señalaron las organizaciones mencionadas.
"De todas las regiones mundiales, América Latina es la receptora número uno de entrenamiento militar de Estados Unidos, y la asistencia militar estadunidense al área está casi al mismo nivel que la asistencia económica y social. Esto no tiene sentido para una región cuyos retos más grandes son superar la pobreza y la desigualdad", añadieron.
En tercer lugar, consideraron que las políticas del gobierno de Estados Unidos en la "guerra global contra el terrorismo", que incluyen la aprobación de la tortura, han hecho que pierda su autoridad moral respecto de temas de derechos humanos. "El impacto se puede observar con mayor claridad en las reacciones de los gobiernos de América Latina y el Caribe contra la presión estadunidense para que firmen 'tratados de inmunidad' bilaterales que exceptúan al personal estadunidense de ser demandado ante la Corte Penal Internacional".
Consideraron, no obstante, que ni siquiera esta política de mano dura de la Casa Blanca, en el sentido de retener la asistencia económica y militar a los países pobres, ha convencido a países del área de renunciar a su compromiso con dicha Corte, y "un número sorprendente de naciones latinoamericanas y caribeñas" está arriesgando que, como resultado, se les recorte la asistencia.
"Los países latinoamericanos están siendo castigados por Estados Unidos al hacer frente a la impunidad de los violadores de derechos humanos", dijo Lisa Haugaard, directora de educación del LAWGEF, y añadió: "es impresionante ver que los gobiernos que podrían beneficiarse de la asistencia de Estados Unidos están negándose a aceptarla por principio".