| | | | México D.F. Miércoles 17 de noviembre de 2004 |
Conacyt: privatización de la ciencia
 Destacados
integrantes de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), entre ellos el presidente
de esa institución, Octavio Paredes, dieron a conocer ayer a la
opinión pública que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) ha venido desviando recursos a grupos privados, entre los que
se encuentran las empresas hospitalarias Angeles y Médica Sur, corporaciones
industriales trasnacionales como General Motors, IBM, Hitachi, Motorola,
DuPont y Hewlett Packard, productores de comida chatarra como Barcel y
Bimbo, e incluso establecimientos financieros como Banco Inbursa, y compañías
de entretenimiento, como la disquera BMG, cuya vinculación con la
investigación científica y tecnológica dista mucho
de ser evidente. Las transferencias de recursos se habrían realizado
en el marco de "estímulos fiscales" -una exención impositiva
de 30 por ciento a empresas que realizan proyectos de investigación-
y, en el caso de los hospitales mencionados, Conacyt financió, en
parte, equipos de tomografía por emisión de positrones (PET)
con un costo unitario de entre 2 y medio y 5 millones de dólares,
además de contratos de mantenimiento anual equivalentes a entre
5 y 10 por ciento del valor de los equipos.
No está claro en lo inmediato si los subsidios
a esas y otras empresas privadas se ajustan a la legalidad y a la reglamentación
vigentes. Si la respuesta a esa duda es afirmativa, el asunto amerita un
esclarecimiento pronto y profundo ante la opinión pública
por parte de la dirección del Conacyt, y si es negativa, resulta
obligada la inmediata intervención de las autoridades encargadas
de fiscalizar el buen uso de los recursos públicos y de la institución
responsable de perseguir delitos y procurar justicia.
Pero incluso si la transferencia de fondos públicos
a empresas privadas fuera legal en todos los casos, ello no impide que
sea indignante y escandalosa, habida cuenta de la aguda carencia de recursos
que enfrentan las instituciones públicas que realizan la mayor parte
de la investigación y el desarrollo científico y tecnológicos
del país -la UNAM y el IPN en primer lugar, así como los
diversos institutos especializados, y muchas otras entidades que durante
décadas han sacado adelante el grueso de la actividad científica
y tecnológica de México- y, por ello, el señalamiento
público de los integrantes de la AMC resulta por demás oportuno,
justificado y atendible.
Ha de considerarse que, a diferencia del trabajo de investigación
que se realiza en las entidades públicas, el que llevan a cabo las
corporaciones privadas no está orientado por el interés de
beneficiar al conjunto de la sociedad, sino por el afán de lucro
y que, en consecuencia, los objetivos de su actividad son pragmáticos,
estrechos y más dirigidos por la mercadotecnia que por un verdadero
espíritu científico. No es el caso, ciertamente, satanizar
las investigaciones y el desarrollo que efectúan las empresas particulares,
pero es por demás cuestionable el que lo hagan con dinero público.
Como lo señaló el investigador de la UNAM Rafael Loyola,
"no veo que General Motors, DuPont o Hewlett Packard necesiten dinero para
investigación".
Sea legal o simplemente inmoral, la transferencia de dineros
del Conacyt a compañías privadas encaja perfectamente en
la tendencia -que marca una notoria continuidad entre los sucesivos gobiernos
que van del de Miguel de la Madrid hasta el de Vicente Fox, por más
que a este último le guste denominarse el del "cambio"- de transferir
a manos privadas toda suerte de bienes públicos, desde aeropuertos
hasta dinero en efectivo. Para hacer posible el desmantelamiento de la
propiedad pública, los gobernantes de las últimas dos décadas
han alterado la Constitución, han reformado las leyes o simplemente
las han violado, como lo hicieron reiteradamente Carlos Salinas y Ernesto
Zedillo al contratar deuda pública sin autorización del Congreso
de la Unión, o como lo sigue haciendo Vicente Fox al entregar jugosas
porciones de los sectores eléctrico y petrolero a manos privadas
mediante los anticonstitucionales contratos de servicios múltiples.
Resulta exasperante, pues, pero no extraño, que ahora el Conacyt
se dedique a subsidiar trasnacionales mientras estrecha los presupuestos
destinados a la comunidad científica y académica nacional;
a ésta le asiste la razón, hay que reiterarlo, en un reclamo
que merece el respaldo de toda la sociedad.
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