Samuel I. del Villar/ IV

Fobaproa-IPAB: la atrofia y el abuso

"Para colmo, Ortiz fue a Washington y declaró a Greenspan y a los funcionarios del Tesoro que, como ministro de Hacienda, no tenía idea de lo que iba a hacer, como si quisiera decir en realidad: el problema no es mío, es vuestro." Es el relato de Alan Greenspan, presidente del sistema de la Reserva Federal (la banca central de Estados Unidos), de su entrevista con el secretario de Hacienda de Zedillo, Guillermo Ortiz, a raíz de la crisis financiera de Mexico de 1994-95, en su biografía de Bob Woodward, el célebre editor de The Washington Post.

Gobierno U.S. made en México

La confesión de Ortiz manifiesta literalmente la irresponsabilidad, ineptitud y entreguismo inauditos del gobierno de Zedillo para hacer frente a la "pérdida de control de las finanzas" de México por el gobierno de Salinas, en términos de las memorias de Robert Rubin, secretario del Tesoro recién nombrado por Bill Clinton. El vacío absoluto de autoridad para conducir la hacienda pública conforme a los intereses nacionales de México fue colmado, ciertamente, por el gobierno de Estados Unidos. Rubin y su subsecretario Larry Summers, con Greenspan, armaron el paquete financiero de 20 mil millones de dólares finalmente aprobado por Clinton, que reunió el "rescate" internacional de hasta por 51 mil 353 millones.

Evidententemente Clinton dijo a Zedillo, y Rubin y Greenspan a Ortiz, lo que debían hacer. Pero los intereses financieros nacionales de Estados Unidos, aunque con miopía, no los de México, fueron los que evidententemente orientaron la respuesta. En lo inmediato, a los financieros y hacendistas estadunidenses, interesaba que la economía mexicana y su erario en particular asumiese los riesgos y costos de sus fondos de pensiones y de inversión en los 29 mil millones de tesobonos emitidos por Salinas que vencían en 1995, y de sus bancos en los 20 mil millones de dólares adicionales de préstamos interbancarios irresponsables y fraudulentos a los "banqueros" de Salinas, a partir del financiamiento puente del "rescate" internacional. A más distancia Washington estaba interesado en que el erario mexicano garantizase cinco puntos fundamentales interdependientes:

1Ŷ Restablecer un flujo financiero al exterior que permitiese a la brevedad no sólo el pago del rescate (en dólares y con la hipoteca del petróleo) y el servicio mucho más caro de la deuda en pesos que en dólares asumida en lugar de los tesobonos y los préstamos interbancarios.

2Ŷ Un tipo de cambio favorable para convertir los pesos en dólares (baratos), que además beneficiaría a las exportaciones de Estados Unidos.

3Ŷ Una amplia reserva monetaria internacional para asegurar la paridad favorable del peso. Se financiaría con un superávit de capital que compensase el déficit estructural en cuenta corriente y los efectos desfavorables por el diferencial de inflación entre México y Estados Unidos.

4Ŷ Diferenciales entre las tasas de interés de la llamada "deuda soberana" de México lo suficientemente amplios en relación con los pagados por la de Estados Unidos para generar el flujo de capitales requerido. El erario mexicano subsidiaría el rendimiento diferencial entre los títulos de la deuda mexicana y los Treasury Bills (en los que básicamente está invertida la reserva mexicana) para mantener -artificialmente- la reserva y estabilidad cambiaria.

5Ŷ Abrir al extranjero el control sobre la banca del país. Sería resultado sobresaliente de "las reformas que prometió Ernesto Zedillo" a Clinton, que relata en sus memorias. Es inevitable recordar que su secretario del Tesoro, Robert Rubin -en términos del embajador Davidow- "guiaría al gigante Citibank para pagar 12 mil 500 millones de dólares a cambio de uno de los bancos mexicanos (Banamex) que habían sido atrapados en la operación (Casablanca de lavado de dinero)" después de afirmar que "todos son unos corruptos".

Los gobiernos de Zedillo y de Fox. han beneficiado formidablemente a la economía de Estados Unidos con su superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, especialmente con sus servicios y utilidades financieros fuera de toda proporción. Pero la miopía ha estado en que su imposición y abuso ha atrofiado la raíz del régimen de gobierno, privilegiando la corrupción organizada institucionalmente desde la autoridad financiero-monetaria y dando al traste con el Estado de derecho y la representación democrática. De la mano, también atrofió el funcionamiento es-tructural de la economía y, en particular, de sus sistemas financieros -público y privado-, encauzándolos hacia un colapso tanto o más grave que el de 1994-95.

La deuda Fobaproa-IPAB, su generación y sus efectos son los abanderados del abuso y la atrofia. Además de corromper de raíz la estructura institucional del sistema fiscal y financiero del país y estrangular el crecimiento económico, quitaría toda idea y autoridad moral y política al régimen de gobierno -por encima del cambio de partido político en la Presidencia de la República en 2000- para realizar las reformas estructurales indispensables para regenerar productivamente la economía y desarrollar un Estado democrático de derecho.

Destrucción del régimen democrático de derecho

El punto de partida fue que el Fobaproa-IPAB y su deuda violaron frontalmente la Constitución. Tiraron por la borda la forma constitucional de gobierno, sustituyéndola por la más feroz dictadura de la corrupción. El problema no sólo se restringió a pérdida de la soberanía nacional, al remplazar la Constitución por Standard and Poor's como fuente de determinación, literalmente, de la "deuda soberana". Se fundó en la irresponsabilidad, oscuridad e impunidad anclada por la Secretaría de Hacienda en el Banco de México. Burló al Congreso, falsificó las auditorias ordenadas por él, socavó la independencia e integridad del Poder Judicial, quitó los dientes a la Auditoría Superior de la Federación, imposibilitó la transparencia e identificación de los más perniciosos actos criminales y, evidentemente, la consecuente responsabilidad por ellos.

Las ramificaciones no se restringirían al manejo del sector financiero, o incluso de la economía. Hicieron de la transición al Estado democrático de derecho un mero reclamo demagógico vacío. El Fobaproa-IPAB resultó en la más efectiva comprobación de que la Secretaría de Hacienda-Banco de México y no el Congreso es la base de la representación social en México. Pero no de los de la inmensa mayoría de la población y sus intereses, sino de unos cuantos políticos, burócratas y banqueros y de sus intereses corruptos que estrangulan el bienestar de la población en su conjunto con la mayor injusticia.

Ciertamente la base fiscal mexicana efectiva es extraordinariamente precaria. Recauda apenas poco más de 11 por ciento del PIB. Pero también es extraordinaramente regresiva e injusta. Se recarga sobre las espaldas de asalariados, empresarios, profesionales y consumidores cautivos, y exime los ingresos y las ganacias de capital privilegiando especialmente los de la corrupción, como los generados por el Fobaproa-IPAB y su deuda. Pero para satisfacer la prioridad fiscal absoluta de que el erario pague su servicio, tan inconstitucional como indebido, el gobierno de Fox plantea la injusticia extrema: propone gravar con IVA el consumo de los más pobres: frijoles y tortillas. Al mismo tiempo exentó del impuesto debido de 3 mil 600 millones de dólares las formidables ganancias de capital, generadas por la oscura inflación de la deuda Fobaproa-IPAB en la venta de Banamex. Y transfiere a los bancos -bajo el rubro de "impuestos diferidos"- el flujo de la recaudación fiscal con que están obligados a contribuir.

La atrofia de la economía

El Fobaproa nació y el IPAB continuó como un monstruoso mecanismo financiero-fiscal. Se estructuraron para echar dinero bueno al malo, para transferir no sólo inequitativa e ilegal, sino también para transferir improductivamente recursos a rentistas del erario. Impidió y sigue impidiendo el acceso al crédito al usuario productivo. Condiciona el estancamiento de la economía y la depresión del ingreso de la población por la corrupción de los sistemas fiscal y de intermediación financiera.

El informe Mackey estableció que "desde el inicio de la crisis del peso, quedó muy en claro que el Fobaproa no podía enfrentar la crisis ni financiera ni operativamente". Pero existía "la decisión de la Secretaría de Hacienda para subsidiar a los bancos que fueran insolventes o de los cuales su viabilidad estaba seriamente en duda" y "cualquier evaluación de la función de las agencias regulatorias y supervisoras en el sistema bancario debe considerarse a la luz de dicha decisión".

La profundas distorsiones de esa visión continúan vigentes una década después. Ignora el gran problema no sólo de honestidad y legalidad en el manejo de estos formidables subsidios de un erario tan erosionado como el mexicano. Al mismo tiempo, profundiza crecientemente la deformación en la función institucional de la banca como intermediario para canalizar eficientemente el ahorro, con costos y márgenes competitivos, a usuarios productivos. Y es que la esencia del rescate no fue un desarrollo institucional que asegurara los depósitos bancarios, aliviara el estrangulamiento financiero por la cartera vencida de productores y consumidores deudores legítimos y efectivos de la banca. Se trató de subsidiar la corrupción proteccionista, oligopolizadora de la intermediación financiera y esterilizadora de la actividad económica.

La extraordinaria inefectividad e ineficiencia agravada de la banca subsidiada durante este periodo puede apreciarse en la más reciente comparación internacional publicada por el INEGI. El coeficiente del PIB del crédito interno suministrado por el sector bancario descendió en México de 36.6 por ciento en 1990 a 26.1 por ciento en 2000, mientras que en Estados Unidos aumentó durante el mismo periodo de 114.7 a 161.3 por ciento. Es decir, el coeficiente de movilización del ahorro nacional respecto al PIB por el sistema bancario en Estados Unidos fue 5.2 veces superior al coeficiente del sistema bancario en nuestro país, pero con un margen de intermediación financiera en Estados Unidos menor a una cuarta parte, 23.3 por ciento, del margen en México. Además el Fobaproa-IPAB barrieron con el control nacional de la banca. La demagogia de la "globalización" que acompañó a la extranjerización bancaria, en realidad encubrió un proteccionismo extremo a su corrupción y cartelización y a sus márgenes escandalosos de intermediación, con base en el sostenimiento de la deuda gobierno-IPAB. Siguen barriendo, junto con los subsidios al tipo de cambio y al crédito, accesible, barato y competitivo a los exportadores extranjeros, con la base productiva del país. Y estrangulan de ribete tanto al ahorrador como al erario mexicanos.

Los índices se deterioraron con la extranjerización y esterilización productiva ulteriores durante el gobierno de Fox. El Banco de México reportó que en 2003 el crédito interno cayó a 17.7 por ciento del PIB y que 70 por ciento de las empresas mexicanas reportaban que operaban sin crédito bancario. Significativamente, ese año la reserva internacional aumentó en 9 mil 597 millones de dólares, pero el saldo trimestral promedio de crédito interno se restringió en 51 mil 256 millones de pesos -4.6 por ciento en relación al cierre del año anterior.

Para junio de 2004 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportaba que los ingresos por intereses cobrados del conjunto de la banca múltiple fueron 88.5 por ciento superiores a los "gastos" para generarlos.

Los márgenes mayores fueron de los grandes bancos que hacen negocio con el IPAB: HSBC 149 por ciento, BBVA-Bancomer 103.9 por ciento, y Citicorp-Banamex 88.7 por ciento. Contrastan con los márgenes de bancos mexicanos que no registran créditos con el IPAB y el gobierno, como Inbursa, 38.4 por ciento, y sobre todo con los bancos extranjeros como Bank of America, 7.9 por ciento, es decir, apenas 5.3 por ciento del margen de HSBC, 7.6 por ciento del de BBVA y 8.2 por ciento del de Citicorp, que mantiene respectivamente 54.6 por ciento, 44.8 por ciento y 43.7 por ciento de su cartera con el gobierno-IPAB.

El costo directo de la deuda de la corrupción, de una reserva monetaria de 60 mil millones de dólares para servirla, y de la protección y los subsidios para inflar las utilidades de los bancos rentistas del erario, suprime cualquier posibilidad de que el sistema bancario se reoriente al financiamiento del desarrollo productivo.

Han hecho que la minería, la industria, la agricultura, la ganadería, la pesca, cualquier sector productivo de base, haya desaparecido de los conceptos oficiales de la cartera de crédito bancario. Y que el crédito bancario al gobierno-IPAB sea 25 por ciento más que el destinado al comercio, tres veces el destinado al consumo y 3.4 veces el destinado a la vivienda. El sector público se lleva dos terceras partes del crédito de la banca de "desarrollo", incluidos 40 mil millones de pesos con que Nafin financia la deuda del IPAB.