Alienta programa de certificación en Oaxaca y Veracruz

Acusan a la Procuraduría Agraria de incumplir acuerdo con ejidatarios

ROSA ROJAS

La Procuraduría Agraria (PA) incumplió con el compromiso de suspender los trabajos técnicos del Programa de Certificación de Derechos (Procede), en los ejidos Uxpanapa, Veracruz, que ya habían provocado invasión de tierras de la comunidad de Santa María Chimalapa y del ejido Nicolás Bravo Chimalapa, en Oaxaca, por lo que las autoridades de esos núcleos agrarios advirtieron que serán detenidos los técnicos de esa dependencia si realizan trabajos en tierras comunales, informó la Unión de Comuneros Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) de Tehuantepec.

Esta advertencia fue hecha por las citadas autoridades indígenas el pasado 26 de octubre, en las instalaciones de la Procuraduría Agraria, ubicadas en Matías Romero, Oaxaca, en una reunión en la que participaron los delegados de la PA de Oaxaca y Veracruz, detalló Carlos Beas, dirigente de la Ucizoni.

Los representantes de los chimalapas señalaron que "con tal de cumplir con las metas y estadísticas, el gobierno de Vicente Fox viene provocando conflictos entre las comunidades y ejidos", añadió.

Comentó que desde el 23 de junio pasado, las invasiones a tierras de Los Chimalapas se han incrementado en tres zonas, "ya que la Procuraduría Agraria viene a toda costa ejecutando el Procede, sin haber contado con la conformidad de colindantes, por lo que se han agudizado los conflictos que se mantenían latentes".

Ante tal situación, los representantes de las comunidades chimas demandan la suspensión del programa Procede en los ejidos del Uxpanapa; la realización del brecheo de 112 kilómetros para definir la colindancia definitiva; restitución de las tierras invadidas, y la intervención de la Secretaría de la Reforma Agraria para resolver esos problemas.

Beas informó además que ante el incremento de conflictos agrarios, provocados por la imposición del Procede, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos acordó realizar un encuentro nacional campesino e indígena en la región chontal de Oaxaca, para abril de 2005, "con el fin de impulsar una campaña para frenar la imposición de un programa diseñado por el gobierno del Presidente Zedillo y adoptado y promovido por el de Vicente Fox, y que tiene como finalidad facilitar la privatización de tierras de propiedad social".

Indicó que el agente municipal de San José Río Manso, municipio de San Juan Lalana, Oaxaca, había denunciado que el residente de la PA en Tuxtepec, "en complicidad con la familia Gallegos, ricos terratenientes de Playa Vicente, Veracruz, también impuso el Procede, ocasionando la muerte de tres campesinos, entre ellos el dirigente indígena Gaspar Hernández Matías, asesinado el 13 de febrero de 2003".

La situación fue dada a conocer por la Ucizoni al titular de la PA, Isaías Rivera Rodríguez, quien negó que el Procede cause conflicto alguno en comunidades indígenas. Destacó que por ejemplo, en el ejido Morro Mazatán, del municipio de Tehuantepec, los trabajos del Procede se realizaron sin ningún incidente. "Sin embargo, la mayoría de los ejidatarios rechazaron el programa de manera tajante y expulsaron al personal de la PA", subrayó.

Añadió que casos similares a esos conflictos fueron denunciados también por organizaciones indígenas de Tlachichilco, Zontecomatlán, Tecaxtepec y Zacualpan, pertenecientes a Veracruz, así como en Oaxaca, Guerrero y Puebla.