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México D.F. Sábado 9 de octubre de 2004

Sobre los migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos y sobre todos los inmigrantes en ese país, en general, pende ahora una verdadera espada de Damocles: la posible aprobación de una ley de reforma, aun para peor, de los servicios de inteligencia estadunidenses, so pretexto de la defensa nacional. Tal ley crearía un nuevo zar de la inteligencia, más poderoso que el director de la CIA y que controlaría todas las agencias de inteligencia del país, duplicaría el tamaño de la tristemente célebre Patrulla Fronteriza, triplicaría el de la agencia encargada de controlar la inmigración, prohibiría el reconocimiento oficial por el gobierno federal de la matrícula consular y, sobre todo, permitiría la "expulsión acelerada" de los indocumentados, sin ninguna revisión judicial, lo cual podría conducir a la deportación inmediata de un millón de personas. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes por 282 votos contra 132 y ha pasado al Senado, que se opone al mismo. Pero el clima xenófobo desatado por el gobierno de George W. Bush y la idea racista de que todos los males vienen de los migrantes, que potencialmente serían un peligro para la defensa nacional de Estados Unidos, podrían llevar a su aprobación.

Ahora bien, en Estados Unidos residen casi 10 millones de connacionales, que han sufrido dramas familiares y desarraigo, y han desafiado la muerte y la discriminación con tal de encontrar un trabajo mejor pagado que en México y poder sostener desde allá a sus familias. México, que no pudo mantenerlos en nuestro país, tiene con ellos una gran deuda política y moral, y no puede dejarlos solos ante esta nueva amenaza contra su seguridad, su nivel de vida y sus derechos humanos.

Además, esos migrantes que escaparon de los bajísimos salarios y de los ínfimos precios de los productos agrícolas resultantes del desastre que causaron en el campo la inundación de productos estadunidenses subsidiados y la aplicación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, se han convertido en la segunda fuente de ingreso de divisas para nuestro país y han enviado este año 15 mil millones de dólares que se vuelcan en sus regiones de origen. Por eso, además de la exigencia ética y política de proteger a nuestros conciudadanos en una inhospitalaria tierra extranjera, la elemental responsabilidad obliga a preservar una fuente de ingresos que supera en un tercio a la suma proveniente del turismo. El gobierno debe protestar contra este proyecto de ley de inteligencia que empeora la ya inhumana política migratoria de Estados Unidos, y debe buscar apoyo en otros países latinoamericanos cuyos ciudadanos son potenciales víctimas del mismo. Al mismo tiempo debe rechazar el racismo y la xenofobia implícitos en este proyecto y que encuentran su base "teórica" en los delirios de Huntington sobre la peligrosidad de los latinos para la defensa de Estados Unidos. Una protesta ahora podría tener fuerte impacto político en la campaña electoral de nuestro vecino y frenar a los políticos más reaccionarios. Las medidas fascistas deben ser enfrentadas cuando aún es tiempo.