El proceso al jefe del GDF, un "prejuicio de procedencia", dice Arceo Corcuera

Barbarie, usar al Estado contra rivales políticos: abogado de López Obrador

Los diputados violan la ley al rechazar a priori las pruebas favorables, asegura

ERNESTO MARTINEZ ELORRIAGA CORRESPONSAL

Morelia, Mich., 8 de octubre. Alvaro Arceo Corcuera, abogado del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, ofreció una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, sobre los 23 puntos del caso El Encino con los que se acredita la improcedencia del juicio de desafuero contra el mandatario capitalino ya que, aseguró, han sido constantes las irregularidades cometidas por las autoridades federales.

"No se puede rechazar las pruebas a priori, y esto ha ocurrido. Además, son conocidas las declaraciones en las que los diputados de Acción Nacional aseguran que votarán en bloque en favor del desafuero. Esto ya no es un juicio de procedencia, sino que es un prejuicio de procedencia".

Afirmó que en el caso de El Encino el Ministerio Público Federal no tiene facultades para solicitar el retiro del fuero constitucional del jefe de Gobierno, por lo que la petición hecha ante la sección instructora de la Cámara de Diputados el pasado 14 de marzo debe ser desechada por notoriamente improcedente.

Arceo Corcuera aseguró que los diputados "están violando una garantía constitucional: recibir todas las pruebas que ofrezca el indicado, a menos que estén prohibidas por la ley".

Simplemente dijeron que eran improcedentes sin siquiera leerlas. Los diputados está violentando la ley y la sección instructora no sabe lo que está haciendo, aseguró.

Las irregularidades cometidas por el Ministerio Público Federal y por ciertos jueces federales con el propósito de incriminar como sea al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en un ilícito que no ocurrió, pueden advertirse tras la lectura de la documentación relativa al caso y de la consideración simple de que, como lo atestigua la realidad, la apertura de vialidades que dio origen a la queja nunca se consumó.

"Me preocupa el aspecto político, ya que en lo jurídico el caso lo tenemos ganado, pero será una mayoría del Congreso la que decida".

El problema surgió al tratar de abrir una vialidad, pero la justicia federal lo impidió y la obra no fue hecha, como le consta a todo aquel que conozca el lugar.

"Utilizar las instituciones públicas como arietes contra el adversario político es barbarie y retroceso cívico. Permitir como ciudadanos que ello acontezca impunemente sería cobarde y cancalería la esperanza nacional en un futuro digno".

El ex diputado federal expresó que esto es extremadamente peligroso y frustrante. "Vivimos durante siete décadas viendo que las instituciones se utilizaban de acuerdo con la voluntad del presidente de la República en turno.

En el año 2000 sobrevino un cambio, pero resulta que estamos encontrando una reafirmación del problema del presidencialismo y la utilización de los otros poderes. No existe una separación real entre los tres poderes".

Criticó el encuentro del pasado 6 de abril entre el jefe del Ejecutivo y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, al considerar que el Poder Judicial continúa subordinado a la tradición política presidencialista.